Читать книгу Responsabilidad por daños a la salud: actos sanitarios y contaminación acústica - María Zaballos Zurilla - Страница 15

De acuerdo con lo establecido por los artículos 106 y, principalmente, 149.1.18 de la CE, la responsabilidad de las Administraciones pública se configura en el Derecho español de una forma unitaria, con un régimen de Derecho Administrativo aplicable de forma común a todas las Administraciones sin excepción, y que protege por igual a todos los ciudadanos2.

La LRJA-PAC estableció en sus artículos 142.6 y 144, respectivamente, que “la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive, pone fin a la vía administrativa” y que “cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de Derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 139 y siguientes de esta Ley”. En consecuencia, se pretendió por la LRJAP-PAC unificar el régimen jurídico sustantivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, como ya se dijo.

El artículo 2 e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, vino a confirmar la unidad jurisdiccional al atribuir al conocimiento del orden contencioso-administrativo de las cuestiones que se susciten en relación con “la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandada aquélla por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad”3. Al importante y amplio tema del seguro me referiré en el capítulo IV de esta tesis “El seguro de la responsabilidad patrimonial sanitaria”.

En términos similares la Ley 40/2015 también mantiene el carácter unitario del régimen jurídico de la responsabilidad en su art. 35. De acuerdo con el cual en aquellos casos en que las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes. Puntualiza que incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado, a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.