Читать книгу Responsabilidad por daños a la salud: actos sanitarios y contaminación acústica - María Zaballos Zurilla - Страница 16

La responsabilidad de las Administraciones Públicas tiene un alcance general ya que comprende todo tipo de actuaciones extracontractuales de las Administraciones públicas, ya sean esas actuaciones normativas o materiales. Es decir, “afecta a todas las Administraciones Públicas por el mero hecho de prestar servicios públicos, entendidos como actividad administrativa”4. No sólo afecta a todas las Administraciones públicas, sino que también comprende toda acción u omisión, ya sea de naturaleza normativa, jurídica o material.

La jurisprudencia del TS ha declarado reiteradamente que el funcionamiento anormal de los servicios públicos puede partir, no solamente de actos positivos que en su ejecución generan la existencia de un daño a terceros, sino también y a la inversa, por el incumplimiento de una obligación de hacer o la omisión de un deber de vigilancia, por mucho que los mismos no sean dolosos y siempre que pueda decirse que la Administración tenía el concreto deber de obrar o comportarse de un modo determinado. Ilustrativa resulta la STS (Sala 3ª.) de 27 de marzo de 1998 (RJ 1998, 2942) que pone de manifiesto la “…patente negligencia del Estado para implementar las medidas de seguridad idóneas, llegándose a afirmar que el paquete bomba no habría surtido sus nocivos efectos de haberse adquirido y empleado los equipos de rastreo y detección de explosivos, por cuya razón no es posible hablar de intervención de terceros en el mal funcionamiento de los servicios públicos, ya que la evitación del daño era cometido de las autoridades vinculadas a la ‘Exposición Universal 1992’ y pudo haberse logrado de adoptarse las medidas requeridas, siendo además previsible el evento, cual se razona, pues tanto los ‘Juegos Olímpicos de Barcelona 1992’ como la ‘Exposición Universal de Sevilla 1992’ representaban sendos objetivos para las organizaciones terroristas”.