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«DÁDNOSLO POR ESCRITO... O LA MONTAMOS»

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El problema era que, por lo general, los sacerdotes provenían, al menos al principio, de las familias más ricas e influyentes de Roma, y por la vía de la custodia de las fórmulas sagradas poseían un poderoso instrumento para mantener su preeminencia social. Y así habrían seguido de no haberse rebelado los plebeyos exigiendo que las reglas del juego fueran públicas y notorias.

Para evitar que aquello degenerase en un conflicto de amplias proporciones, los patricios ofrecieron poner por escrito las fórmulas del ius en una ley. Así surgió la ya mencionada Ley de las XII Tablas (450 a.C.) donde por vez primera aparecía públicamente el catálogo de acciones procesales que podían ejercitar los ciudadanos romanos para defender sus derechos22. Concretamente se acordaron cinco «acciones de la ley» (legis actiones). Tres eran «declarativas» porque servían para dejar claro a ojos de todos la existencia de un determinado derecho, y dos eran ejecutivas, por cuanto permitían ejercitar un derecho previamente declarado.

A mediados del siglo V a. C., Roma era una pequeña ciudad Estado. Y por ello durante mucho tiempo estas cinco acciones fueron suficientes para encauzar los litigios entre ciudadanos. Sin embargo, a partir del momento en que Roma se convirtió en una potencia en expansión las posibilidades de conflicto se multiplicaron y las «legis actiones» acabaron por resultar insuficientes. Por ello fue necesario complementarlas.

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