Читать книгу Derecho humano a la comunicación: Desconcentración, diversidad e inclusión - Cynthia Ottaviano - Страница 36

La representación es siempre “una convención”, con la manifestación de una totalidad inasequible, susceptible de control, con una función operativa al ejercer un cierto poder (Rousseau, 1762).

Una ciudadanía activa requiere debates públicos con múltiples perspectivas, que representen o sean representados por diferentes grupos políticos, culturales, sociales. Sin embargo, en nombre de los intereses económicos, ideológicos y políticos de quienes se erigen como los “dueños” de los medios de comunicación, terminan siendo acallados a través de la “censura empresaria” (Fiss, 2010).

En el ámbito comunicacional, en escenarios de concentración, el poder de la palabra no está justamente distribuido, de manera que pocas voces se erigen dominantes y hegemónicas; condicionadoras y condicionantes de gobiernos y democracias.

La lógica comercial se opone a cualquier alteración del statu quo, ya que esa situación podría alterar los intereses de quienes manejan los medios, disimulados de manera estratégica, detrás de la apariencia de “neutralidad, imparcialidad y ecuanimidad en el tratamiento de las fuentes, en la construcción de su agenda y en la concomitante omisión o invisibilización de cuestiones sociales, económicas y políticas” (Becerra, 2011).

Estas consecuencias pueden reconocerse, no solo en la matriz económica de esa dominación, sino también en la matriz simbólica, en la que el mercado es la instancia máxima de representación de aspiraciones (De Moraes, 2011: 18).

• Mercantilización de la comunicación, por sobre el derecho humano a la comunicación

• Disminución de la cantidad de fuentes de información

• Menor variedad de ideas y deterioro del debate público

• Mayor opinión que información, y confundida con ella

• Influencia directa en la política, concentrando también el poder “que luego puede ser utilizado para socavar los valores democráticos fundamentales” (Unesco, 2017)

• Desequilibrio en el sistema de contrapoderes del Estado

• Control o alta influencia en la conformación de la opinión política

• Uso de esa influencia con fines políticos

• Sesgo de la opinión pública o los debates políticos

• Influencia sobre políticas públicas vinculadas con negocios o áreas de interés económico (mpm)

• Intento de evitar amenazas a la posición de poder

• Manipulación “encubierta de las decisiones políticas para favorecer intereses económicos ocultos” (Grupo de Alto Nivel sobre la Libertad y el Pluralismo de los Medios en Europa, 2011)

• Falta de transparencia en “propietarios”, muchas veces extranjeros

• Menos libertad editorial

• Degradación, precarización y disciplinamiento laboral y sindical

• Conflictos de interés económicos, políticos y periodísticos

• Pactos de sindicalización, tándem y exclusión de ingresos por publicidad o propaganda

• Déficit en la calidad periodística

• Opacidad en constituciones societarias y formas de administración

• Mayor vulneración de los derechos de las audiencias y lectores

Analizada desde esta perspectiva, la concentración comunicacional es considerada un poder político “penetrante e insidioso” que promueve intereses de un sector “mediante la desinformación y la propaganda”, a partir de un entramado entre dinero, política e información: “dinero y propiedad para hacer información, información para hacer política, política para hacer información, información para hacer dinero y aumentar las propiedades y así sucesivamente” (Ferrajoli, 2004).

Así no todo hecho de interés público es noticia. Un alto grado de policialización de la representación social a través de noticieros, criminalización de la niñez, cosificación de las mujeres, discriminaciones de colectivos históricamente vulnerados, como personas con discapacidad y migrantes, y ausencia de información sobre los derechos humanos, como salud, educación, vivienda y trabajo caracteriza la televisión abierta regional (oid, 2015).

En la Argentina, en los noticieros de la televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires el tópico educación, ciencia y tecnología no alcanzó al 1% de las noticias; derechos humanos apenas llegó a 0,4%; niñez y adolescencia al 0,5%; géneros y diversidad sexual al 1%; urbanismo y servicios públicos al 1,2% y salud y discapacidad, al 1,1% (Relevamiento dpsca, 2015).7

La marginalidad de cada uno de esos tópicos contrasta con los intereses que dicen tener las audiencias. Bajo la opción de respuesta múltiple, sobre un total de 320 personas de todo el país, un 68% dijo que quisiera tener más información sobre Educación y ciencia; un 67% sobre Derechos humanos; un 61% sobre niñez y adolescencia; mientras que el 56% dijo que querría obtener más información sobre Géneros y diversidad sexual; el 55% sobre Mi ciudad / localidad y el 53% sobre Salud, salud mental y discapacidad.8

Se registra así un marcado divorcio entre las necesidades expresadas por las audiencias y las de quienes producen los noticieros. A la vez que un alto grado de incomodidad con las representaciones de subjetividades.

1) Entre las 320 personas que respondieron a la pregunta de si le molesta el tratamiento en la radio y la televisión de temas referidos a los/as niños, niñas y adolescentes (nnya), con opción a respuestas múltiples, el 81,6% dijo tener alguna incomodidad. El 48% consideró que había “discriminación y estigmatización” sobre nnya; el 41% que se los criminaliza, mientras que el 26% reclamó por la carencia de perspectivas diversas acerca de la niñez y la adolescencia.

2) En la misma pregunta, aunque referida a la tematización de Géneros y diversidad sexual, el 82,4% respondió tener alguna incomodidad con las formas de su abordaje mediático. Aquí, sobre 312 personas que respondieron, el 53% consideró que había “discriminación y estigmatización”; el 32% que había una “sexualización” inapropiada; el 30% que había “lenguaje grosero”; y el 25% reclamaba contra la “carencia de diferentes perspectivas” sobre la temática.

3) En relación con la mediatización de los “policiales”, sobre un total de 279 personas que respondieron, el 78,5% manifestó tener incomodidades con su forma de tratamiento en la radio y la televisión. Las causas más mencionadas fueron, en el 36% de los casos, el “exceso de violencia”; el 33% declaró una marcada criminalización en los abordajes; el 21% que notaba “discriminación y estigmatización” sobre determinadas personas o grupos sociales y el 19% una carencia de rigurosidad en las coberturas.

Como los medios pueden asimilarse a los “foros por excelencia del debate público”, la consecuencia más grave de la concentración indebida de la propiedad de los medios es la “amenaza” para la libertad de expresión y la democracia, en sí misma (Unesco, Cuadernos de discusión de Comunicación e Información, 2017).

Así, la concentración hace peligrar la capacidad que tiene el sistema de medios para reflejar todo el arco de ideas, perspectivas y opiniones de una sociedad: “la concentración de la propiedad de los medios redunda en una concentración de este poder, que luego puede ser utilizado para socavar los valores democráticos fundamentales” (Unesco, 2017).