Читать книгу La certificación forestal: un instrumento económico de mercado al servicio de la gestión forestal sostenible - Fernando García-Moreno Rodríguez - Страница 18

Avanzando en la relación de normas históricas españolas integrantes del Derecho Forestal, me corresponde abordar a continuación, también de manera sinóptica, la Ley de Montes de 24 de mayo de 1863. Esta norma, al igual que su predecesora, no sólo impulsa el crecimiento de los montes, fomentando toda actividad que tienda a tal propósito, sino que además se la encomienda al Estado de manera forzosa34. Más adelante, siendo lo más destacado de toda ella por lo que a la protección de los montes se refiere, se determina que no se permite bajo ningún concepto en relación con los montes públicos ningún tipo o clase de corta, poda, o aprovechamiento que pueda comprometer la conservación de los montes35, estableciendo en otra parte de la misma, a mayor abundamiento y concreción de lo anteriormente apuntado, que no se pueden explotar los montes por encima de la que es su producción natural36.

Tan evidente protección y salvaguarda de los montes, se constata, una vez más, que no se contempla por el legislador con la finalidad de preservar los montes en cuanto que bienes valiosos en sí mismos, es decir, con un propósito finalista, sino únicamente en la medida que proporcionan riqueza de manera regular si se evita su sobreexplotación, siendo, por tanto, el propósito que guía tal protección no un propósito finalista, sino medial o instrumental, para lograr el fin último y realmente pretendido, que no es otro que puedan seguir los montes siendo rentables económicamente en un futuro próximo y remoto para el hombre.