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2. UNA EVALUACIÓN

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Dificultades serias existen sin embargo en la aplicación por los Estados de estos convenios. Se deben a los escollos encontrados para punir los contraventores. Resultan del medio socio-económico en el que se aplican como en situaciones de pobreza (con la problemática de la economía informal) en el que se aplican, de la debilidad de las capacidades institucionales de los Estados (en particular de la ausencia de un número suficiente de inspectores bien cualificados) y de las organizaciones profesionales en muchos países en vía de desarrollo, más allá de factores culturales y de la visión que los ciudadanos tienen del respecto estricto del derecho. Estas dificultades no impiden que las normas técnicas sirvan como inspiración para los Estados que no pueden ratificar un convenio determinado, a causa de discordancia con algunas de sus disposiciones, para grupos regionales que apuntan a la armonización de su legislación social o para las empresas que fijan sus iniciativas sociales. Un ejemplo lo constituyen los instrumentos de la OIT sobre seguridad en el trabajo. Las normas técnicas son utilizadas por firmas consultoras privadas, asociaciones de empresas, sindicatos, ONGs o gobiernos cuando preparan documentos que sirven de base para iniciativas sociales, así como en el caso del modelo ISO o en el marco del Compacto Global de las Naciones Unidas. También se han incluido referencias a normas técnicas de la Organización en las legislaciones unilaterales o los acuerdos de comercio que subordinan las ventajas económicas otorgadas a otros países al cumplimiento, de su parte, de derechos mínimos de los trabajadores.

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Dicho esto, la Organización puede no obstante prevalerse de éxitos ciertos en la implementación de sus normas. Hay violaciones, no es necesario decirlo, y algunos gobiernos son más respetuosos de ellas en el discurso que en la práctica. A veces surgen situaciones en las que no aparece una solución total próxima. Sin embargo, aun en los casos en los que la OIT no puede revertir la situación, su acción es beneficiosa. Y esos casos no deberían opacar los otros. Un buen ejemplo de la acción positiva de la OIT es el referido a los derechos sindicales. A través de las actividades del Comité de Libertad Sindical, muchos sindicalistas o representantes de los empleadores arbitrariamente arrestados han sido liberados o, habiendo sido acusados de actividades no relacionadas con sus funciones representativas, recibieron un juicio justo; trabajadores que fueron despedidos en represalia por sus actividades gremiales fueron reinstalados; legislación incompatible con los principios de la libertades sindicales fueron reformada; y, más generalmente, se ha reasumido un diálogo entre el gobierno y las asociaciones de empleadores y trabajadores, que son componentes esenciales de la vida pública en todos los países.

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Son también reveladoras las sentencias en las que los tribunales nacionales se valen de los convenios ratificados y aun de los no ratificados con miras a corregir o interpretar las normas nacionales o para identificar nuevos principios generales de derecho (BEAUDONNET, 2010). La Corte Europea de Derechos Humanos también se ha referido a las normas de la OIT y a los comentarios de los órganos de control. En el caso Demir y Baykara vs. Turquía (12 de noviembre de 2008, req. n.° 34503/97) en particular, las referencias no se confinan a las observaciones de la CEACR tratando de Turquía específicamente sino que se extienden también al cuerpo completo de principios que surgen de conclusiones anteriores, incluyendo las del Comité de Libertad Sindical. En términos generales, un número de autores ha destacado la influencia de las normas internacionales del trabajo en el desarrollo del derecho nacional o europeo (SERVAIS, 2011, párrafos 138bis y 1054).

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