Читать книгу Poderes y democracias - Grisel Salazar Rebolledo - Страница 18

Para funcionar correctamente la democracia necesita ciudadanos que puedan expresar sus opiniones políticas sin temor a ser castigados. La Eeppa y la Eepemex incluyen preguntas acerca de la libertad de expresión. Los resultados de dos de ellas —una sobre los empleados públicos y otra sobre la población en general— aparecen en la gráfica 1.4. Solo dos provincias aparecen en el sector izquierdo del subgráfico argentino (La Rioja y Santiago del Estero), lo cual indica que allí los ciudadanos gozan de niveles significativos de libertad de expresión en casi todo el territorio. Cuando este atributo se evalúa solo para los empleados/funcionarios públicos provinciales (quienes, puede sospecharse, corren mayores riesgos si expresan críticas al gobierno) las diferencias interprovinciales se tornan mayores: varias provincias se ubican en la mitad inferior del subgráfico. Los empleados públicos, entonces, no siempre gozan de gran libertad para expresar sus opiniones políticas.

Aunque la forma de la distribución de los estados mexicanos es similar a la de las provincias argentinas, la situación allí es en promedio peor en ambos indicadores: el centro de gravedad de los datos está más abajo y más a la izquierda que en el caso argentino, incluyendo ocho estados claramente ubicados en el cuadrante menos democrático (y solo cuatro en el más democrático). Un estado, Chiapas, se destaca por niveles muy bajos de libertad en ambas poblaciones. La mayor parte de los estados mexicanos combina una mediana a alta libertad de expresión para la población general con una mediana a baja libertad para los empleados públicos (cuadrante inferior derecho), combinación también muy frecuente en Argentina (nótese además que ambos cuadrantes superiores izquierdos están vacíos). Otra coincidencia de nota es que no hay casos en ninguno de los dos vértices superior-derechos de la gráfica 1.4.

La restricción de la libertad de expresión de los empleados/funcionarios públicos es una deficiencia democrática importante, en especial en provincias y estados donde la mayoría de puestos de trabajo (y una porción más grande aún de los mejores puestos de trabajo) están controlados directa o indirectamente por el gobierno local. Este hallazgo es consistente con explicaciones de las diferencias entre los regímenes subnacionales que enfatizan el rol de la “autonomía económica” de la población (McMann, 2006; Gervasoni, 2010a). Esto significa que quienes dependen para su supervivencia material de un salario (o alguna otra fuente de ingreso) del gobierno subnacional serán más propensos a recibir presiones o a sufrir castigos de los gobernantes debido a sus opiniones y comportamientos políticos. Sobre todo en contextos de baja institucionalización y alta politización de las administraciones públicas (como en Argentina y México), los empleados del sector público pueden ser penalizados con facilidad por sus empleadores. La expresión de una opinión crítica o la militancia en un partido opositor implicarían para un servidor público el despido, ser reasignado a funciones menos atractivas, o no recibir una promoción que le corresponda. Por eso no extraña que en ambos países los expertos evalúen que la libertad de expresión de los empleados públicos es, en la mayor parte de las unidades subnacionales, considerablemente menor que la de la población en general.

Los resultados de la gráfica 1.4 y los de la gráfica 1.2 (sobre la cobertura mediática de las campañas electorales) sugieren que una de las principales formas en que los oficialismos subnacionales limitan la competencia por el poder es restringiendo la libertad de expresión y las alternativas de información política.