Читать книгу Poderes y democracias - Grisel Salazar Rebolledo - Страница 5

Los estudios políticos en México han seguido de cerca los acontecimientos electorales a nivel federal y local de las últimas cuatro décadas; al principio fueron predominantemente descriptivos, con un enfoque jurídico, histórico o politológico, y centrados en las leyes, los acontecimientos y los actores políticos nacionales (González Casanova, 1985, 1990; Aziz Nassif y Jorge Alonso, 1984; Alvarado, 1987; Gómez Tagle, 1987; Molinar, 1987, 1988, 1989; Peschard, 1988; Valdés, 1990). Un segundo momento lo conforman las publicaciones sobre la transición mexicana a la democracia a partir de los noventa, las cuales ampliaron los enfoques y profundizaron el análisis pero privilegiando todavía el nivel agregado nacional y/o federal de las elecciones (Woldenberg, 1991; Alcocer, 1995; Molinar, 1993, 1994; Peschard, 1995; Valdés, 1995; Becerra et al., 2000; Moreno, 2003; Merino, 2003; Magaloni, 1997; Bruhn, 2010; Magar, 2012; Klesner, 1997; Lipset, 1998; Camp Roderic, 1988, 1996, 2000; Langston, 2001, 2003, 2006; Moreno, 2014; Cornelius, 2002). Los estudios políticos más recientes se han diversificado respecto de las áreas y temáticas abordadas, enfoques, métodos y fuentes de información, y destacan por profundizar en el ámbito subnacional o local (Cornelius, 1999; Fox, 1994; Langston, 2006, 2010; Benton, 2007, 2009). Aunque las elecciones todavía son el tema dominante, ha crecido la cantidad de estudios dedicados a las diversas dimensiones de la democracia, como la rendición de cuentas vertical y horizontal, o la transparencia y el acceso a la información en las entidades federativas. También se ha incursionado desde enfoques múltiples, aunque de modo limitado, en el análisis del Estado de derecho, la responsividad de los gobiernos ante los ciudadanos y la participación social a nivel subnacional. Además se han multiplicado los esfuerzos del gobierno para producir datos confiables sobre la vida pública, social, económica y política en las entidades federativas de México. Lo anterior ha dado pauta para crear un incipiente banco de datos que —con cifras solo para ciertos años— marca un parteaguas en el conocimiento de las entidades federativas y en la manera de entender el federalismo mexicano y la relación entre lo federal y local. En suma, hay una evolución gradual y relevante de los estudios políticos del nivel subnacional que conviene resumir para contextualizar la contribución de esta obra. La lista de estudios en forma de artículos, capítulos y libros es creciente en número y diversidad, con análisis que van de lo nacional y federal a lo estatal y municipal. Lo que enseguida se presenta es apenas una muestra.

Ha sido ampliamente aceptado que los avances institucionales en materia de elecciones democráticas comenzaron en el nivel federal, aunque los acontecimientos políticos que los desencadenaron ocurrían en lo local, esto es, en las entidades federativas. Las elecciones críticas de 1988 —en las que el Partido Revolucionario Institucional (pri) perdió más de la mitad de su votación y la oposición creció exponencialmente— tienen su antecedente directo en las elecciones municipales de 1985, cuando el Partido Acción Nacional (pan), principal partido de oposición nacional, obtuvo triunfos importantes en algunas ciudades norteñas. Con ello la oposición partidista amplió su influencia a zonas rurales, con lo que su presencia dejaba de estar solo “hasta donde llegaba la banqueta” (Molinar, 1993).

Las reformas electorales federales del periodo 1990-1996, con las que se estableció un órgano independiente del gobierno para organizar las elecciones federales —el Instituto Federal Electoral (ife)— determinaron los estándares mínimos para la celebración de elecciones democráticas. En un principio, el impacto de dichas reformas fue positivo a nivel local. Los cambios electorales que entre 1993 y 1996 se dieron en los estados probaron ser fundamentales para transitar del dominio de un partido al pluripartidismo, y de elecciones manipuladas, a otras más libres y transparentes, al menos en la ley. Pero a partir de 1996 los cambios en las reglas electorales locales se intensificaron, de manera que el proceso de reformas estatales buscaba diseños institucionales “propios” o “a modo”, lo que reflejaba el poder creciente de los gobernadores y la nueva distribución de poder entre partidos. Como lo muestran diversos estudios (Méndez, 2006, 2014; Hernández, 2011), hubo estados con un avance gradual en términos de leyes electorales que garantizaban elecciones locales libres, limpias y transparentes; muchos otros, en cambio, optaron por ajustar las leyes para abrir espacios de discrecionalidad y control gubernamental o partidista de las elecciones de gobernador, y diputados locales y municipales.

Esta heterogeneidad del diseño institucional electoral a nivel estatal —calificada por algunos como “balcanización”— fue objeto de estudio de investigadores y académicos en universidades estatales desde 2010, muchos de ellos miembros de la Red de Investigación de la Calidad de la Democracia en México.

Algunas obras que anteceden a la presente y exploran el poder de los gobernadores en elecciones de diputados locales, la competitividad electoral, los procesos de selección de candidatos y los enclaves autoritarios son las de Magar (2012), Bruhn (2010), Langston (2006, 2010) y Benton (2012, 2012a), entre otros. Destaca también Instituciones electorales, opinión pública y poderes políticos locales en México de Méndez y Loza (2014) donde se muestra, con un enfoque centrado en la calidad de las elecciones, que si bien los órganos electorales locales brindaban mínimas garantías de equidad, libertad y transparencia, lo hacían en un contexto institucional que parecía favorecer su subordinación al gobernador y al partido en el poder. Los hallazgos de dicha obra sugerían transitar de la problematización de las elecciones al análisis de los complejos dilemas y retos de la democracia y la gobernanza en los estados en México.

También han aumentado los estudios políticos a nivel subnacional en México que abordan el entrelazamiento entre elecciones, clientelismo político y corrupción, y la subordinación de los poderes legislativo y judicial al gobernador, o la sumisión de los alcaldes democráticamente electos al crimen organizado y la emergencia de movimientos sociales en un contexto de violencia general. Uno de los aportes más ilustrativos en este sentido es Democracy in Mexico (Marti, 2014), un esfuerzo conjunto entre investigadores de la Universidad de Salamanca y El Colegio de México. Es un libro colectivo que busca contestar a la pregunta de qué pasó en los estados después de la transición democrática a nivel federal. Entre sus contribuciones ofrece un Índice de Democracia para todas las entidades federativas y valiosos resultados de encuestas de opinión aplicadas en cinco estados, dirigidas a comprender el sentido del partidismo, la participación social y sus motivaciones, y la relación entre violencia, crimen organizado y movilización social. Es un texto valioso, que cuenta con dos ediciones y es pionero en su tipo, como también lo ha sido el trabajo de Giraudy en la comparación del nivel subnacional de México y Argentina (2010).

Hay además un número creciente de artículos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales que abordan diversos problemas: el renovado papel de los gobernadores en la democracia mexicana (Hernández, 2003; Magar, 2012; Bruhn, 2016; Berliner, 2015); la influencia de lo local en la democracia federal (Hiskey, 2005); el autoritarismo a nivel subnacional (Armesto, 2013; Durazzo, 2010; Edward, 2010; Gibson 2005); el regreso del pri (Serra, 2013); la relación entre crimen organizado, violencia electoral e integridad electoral (Schedler, 2014); las elecciones y la corrupción (Hiskey, 2014; Zazueta, 2015); las elecciones competitivas y la calidad de los gobiernos municipales (Moreno-Jaimes, 2007); las irregularidades en elecciones locales (Cantú, 2014), la manipulación electoral y la participación electoral (Simpser, 2012), y los congresos locales (Magar, 2012), entre otros.

Además destaca el número creciente de tesis de maestría y doctorado dedicadas a tratar la política subnacional con temas como voto económico y rendición de cuentas (Bauer de la Isla, 2012); competencia electoral y desempeño gubernamental (Moreno, 2005); equilibrio de poderes (Gutiérrez, 2014); descentralización y la gobernanza democrática (Selee, 2006); la desigualdad y la democracia local (Valdez, 2002); selección de candidatos y competitividad (Arrazola, 2014); proceso presupuestal subnacional (Sleman, 2014), y propaganda en elecciones estatales (Sánchez, 2014), entre otras.

Hay publicaciones oficiales de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (ifai) que contienen artículos de destacados autores sobre problemáticas del nivel subnacional (Ríos Cázares y Cejudo, 2010; Cejudo, 2011; Villanueva, 2014). Finalmente vale referir algunas de las encuestas que por primera vez proporcionan datos subnacionales, tarea en la que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) se ha encargado de retratar la institucionalidad. En primer lugar destaca la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (envipe) en la que es posible acceder a información de la distribución porcentual de los principales problemas en las entidades federativas: inseguridad, desempleo, pobreza, aumento de precios, salud, corrupción, educación, narcotráfico, falta de castigo a delincuentes, escasez de agua, percepción sobre inseguridad, y percepción del desempeño de las autoridades.

Otros instrumentos son el Catálogo Nacional de Indicadores (cni) con diversos subsistemas, y donde el de gobierno reporta datos de estructuras organizacionales, recursos humanos, recursos materiales e infraestructura, seguridad pública y justicia, y percepción sobre seguridad pública; los Indicadores de Bienestar por Entidad Federativa del inegi /oecd ofrecen una muy amplia y rica variedad sobre accesibilidad a servicios (de salud, hogares con banda ancha, básicos), educación (niveles de educación, deserción escolar, habilidades de los estudiantes), balance vida-trabajo (satisfacción con tiempo para ocio, empleados trabajando muchas horas), ingresos (Gini del ingreso disponible de los hogares per cápita, ingreso equivalente disponible de los hogares, tasa de pobreza, tasa de pobreza extrema), salud, satisfacción con la vida, seguridad (tasa de homicidios, confianza en la policía, percepción de la inseguridad, tasa de incidencia delictiva), empleo (tasas de ocupación, de desempleo, de informalidad, de condiciones críticas de ocupación), vivienda, y compromiso cívico y gobernanza (participación cívica y política, participación electoral, confianza en la aplicación de la ley, percepción de ausencia de corrupción en el sistema judicial). Desafortunadamente se encuentran en construcción, de manera que aún no están disponibles todos los indicadores de bienestar para las entidades federativas.

Entre las fuentes de datos subnacionales más relevantes se encuentra el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013 con información sobre administraciones públicas municipales con mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, con programa anticorrupción y con mecanismos de participación y/o consulta ciudadana por entidad federativa. Le sigue la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2014 con datos sobre los problemas más importantes por entidad federativa, percepción sobre corrupción por sectores, gobiernos estatales y municipales. A lo anterior se suman los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (imco), el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (cidac) y otros que proporcionan algunos datos por entidad federativa.

Con lo expuesto hasta aquí se advierte el incremento de los esfuerzos académicos, gubernamentales y sociales tanto públicos como privados para generar y analizar información confiable en dos grandes ámbitos: por un lado, la percepción de la sociedad mexicana en los estados sobre los principales problemas públicos en su entidad, sobre todo acerca de la inseguridad y la corrupción, y el acceso a la justicia, entre otros; por otro, se generan indicadores socioeconómicos básicos sobre salud, ingreso, empleo y desigualdad, entre varios más, que nutren la toma de decisiones y la confección de políticas públicas, junto con información sobre el desempeño gubernamental de todos los niveles de gobierno a partir del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013.

Pero un ámbito en el que recién se ha comenzado a producir datos e información a nivel estatal tiene que ver con la esfera política más allá de las elecciones, esto es con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la relación de poder entre estos y con otros agentes como los medios de comunicación, los partidos y los órganos de control encargados de vigilarlos (Magar, 2012; Kerevel, 2015; Schatz, 2011; Olvera, 2010). También hay información limitada sobre la tarea fundamental de los gobiernos de solucionar los problemas públicos a través de políticas públicas, y en qué consiste la influencia que sobre el diseño, implementación y evaluación de estas últimas tienen los actores sociales y políticos, como la Iglesia, los empresarios y los medios de comunicación. El presente libro ambiciona a contribuir para llenar este vacío, que al final permite entender la democracia como un intrincado conjunto de relaciones de poder en las que se articulan o enfrentan las visiones e intereses de actores públicos, privados y sociales respecto de lo público, sus problemas y sus soluciones.

En suma, la creciente dedicación gubernamental a la generación de datos e información confiable sobre las entidades federativas, junto con el florecimiento de los estudios políticos que abordan la problemática estatal, muestra ante todo una enorme preocupación por lo que pasa en los estados, y su repercusión en el conjunto nacional.