Читать книгу Poderes y democracias - Grisel Salazar Rebolledo - Страница 9

Este libro reúne catorce estudios sobre política subnacional. De ellos, solo uno hace una comparación, en este caso de la democracia en su sentido más amplio, entre unidades subnacionales de dos países, México y Argentina, en tanto que el resto contrasta diferentes aspectos de los procesos políticos y de gobierno en los estados de la república mexicana. Los trabajos abordan diferentes temáticas utilizando muy distintas fuentes de información entre las que siempre figura al menos un indicador extraído de la Eepemex.

En el primer capítulo de este volumen, Carlos Gervasoni examina qué tan democráticos son las provincias argentinas y los estados mexicanos, buscando algún patrón reconocible en sus variaciones. Con base en la operacionalización del concepto de democracia que puso en práctica en la Eeppa, retomada para la Eepemex, Gervasoni distingue diferentes dimensiones sobre las que hace su exploración empírica. Con dos indicadores de limpieza en las elecciones, no identifica ninguna unidad subnacional ni en Argentina ni en México con prácticas de fraude electoral “tradicional” generalizado, aunque para la cobertura política de los medios de comunicación local, encuentra mucha mayor variación, con entidades con televisoras y prensa muy oficialistas, como Formosa, San Luis y Jujuy en Argentina, y Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz en México. En la subdimensión de participación, las provincias argentinas no presentan problemas ni con el registro de votantes ni con la proscripción de eventuales contendientes, mientras que en el caso mexicano, si bien no hay restricciones en el padrón de electores, en Baja California y Tabasco hubo testimonios de exclusión de posibles candidatos. En Argentina, con excepción de una provincia, los ciudadanos gozan de niveles significativos de libertad de expresión, lo que no sucede con los empleados públicos de ese país, que prácticamente en la mitad del territorio experimentan limitaciones. En México, por su parte, la situación es peor en ocho estados que experimentan limitaciones a las libertades de expresión de la población en general y de los empleados públicos en particular, destacando Chiapas por su situación de restricción relativa extrema. Los checks and balances son igualmente deficientes en ambos países, aunque peores en México, pues solo el estado de Jalisco parece contar con un control judicial y legislativo del gobernador de efectividad razonable, lo cual contrasta con las dos provincias argentinas en que esto sucede y las otras seis en que no existe control o bien judicial o bien legislativo del gobernador, pero no de ambos a la vez.

En las dimensiones de represión y discriminación, una vez más, las democracias subnacionales mexicanas delatan menor calidad respecto de las argentinas, pues mientras en el país conosureño ninguna provincia calificó por debajo de ambas categorías intermedias a la vez, en México dos entidades, Chihuahua y Jalisco, lo hicieron, en tanto que varios estados más mostraron precariedad en una de ambas mediciones. Finalmente, en la evaluación más general y abstracta del grado de democracia subnacional en ambos países, la media es más alta en Argentina que en México, pero la variación es mayor en el primer país. En suma, aunque las democracias subnacionales de ambas naciones parecen fuertes en participación, en varias unidades federativas se socavan en distintos niveles la competencia y la libre expresión, al tiempo que en su vida institucional acusan ausencia de “pesos y contrapesos” efectivos, que resultan su gran pendiente democrático.

Por su parte, Carmina Gutiérrez construyó un índice de poder de los gobernadores mexicanos en sus propios estados, para lo que utilizó cuatro indicadores de la encuesta a expertos. De este modo, Gutiérrez encontró que en Chiapas, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala y Jalisco existían los seis ejecutivos locales más débiles, en tanto que en Nayarit, Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo, Coahuila y Puebla figuraban los más fuertes. Y al buscar los determinantes de estos diferenciales de poder, concluía “que el aumento en la competencia política incide con mediana intensidad en el poder que tienen los gobernadores en México y por otro lado, las reglas de la separación de poderes no lo hacen en ninguna medida”.

En el trabajo de Olmeda y Armesto, los autores se preguntan qué dimensiones de la relación entre ejecutivo y legislativo conducen al incremento del patronazgo político en los estados, y ponen a prueba dos explicaciones alternativas: por un lado, que “el patronazgo es impulsado por el poder del ejecutivo sin limitaciones por el Congreso”, y por el otro, que es “impulsado por el poder de la oposición legislativa en la negociación con el ejecutivo.” En sus modelos jerárquico lineales, introducen controles asociados a las teorías rentista, de los partidos internamente movilizados, pluralista, del ciclo electoral y de la política distributiva, concluyendo que “el Congreso, y más específicamente la oposición legislativa, tiene mayores consecuencias para el patronazgo que el poder del gobernador” en México.

Miño y Busmail concluyen que “no existe una relación entre la filiación partidista, la distribución de recursos discrecionales y el apoyo al presidente en México” como tampoco puede afirmarse “que sistemáticamente los estados más grandes y con mayor cantidad de diputados en el congreso federal hayan logrado obtener más recursos”. Conforme a su análisis, existe asociación entre los recursos discrecionales que una entidad recibe y el apoyo político que su ejecutivo local presta al presidente, lo que no necesariamente está mediado por la identidad partidaria de ambos. De allí que la entidad que más recursos discrecionales recibió de la federación fuera el Estado de México, en tanto que el más eficiente en su intercambio apoyo político/recursos discrecionales recibidos fue Coahuila, ninguno de los dos gobernado por panistas, aunque también gobernadores del pan y del Partido de la Revolución Democrática (prd) lograron atraer recursos discrecionales por arriba de la media y concretar relaciones eficientes de intercambio respaldo/dinero.

En su trabajo, Álvaro López confirma que en general los “juicios de los expertos sobre el papel proactivo del ejecutivo y el papel reactivo de las legislaturas, son consistentes con el comportamiento observado en el proceso decisional de los Congresos estatales” que se documenta con la observación de los resultados legislativos de 25 Congresos estatales, que en su conjunto aprobaron sin enmiendas 66% de las iniciativas de sus gobernadores, implicando, sin embargo, variaciones que van de un numeroso grupo de Congresos locales subordinados, a una cantidad menor, pero existente, de legislaturas negociadoras.

Para ofrecernos una explicación de la variación en las políticas de acceso a la información en los estados mexicanos, Grisel Salazar examina el papel de cuatro intermediarios interesados en la transparencia, y ella encuentra que ni el número efectivo de partidos políticos en los Congresos locales, ni el activismo de las organizaciones de la sociedad civil, ni la independencia de los empresarios locales es tan relevante como la prensa crítica local, que a su vez, podría dar cuenta de mejores marcos normativos que también inciden en la calidad de los mecanismos efectivos de transparencia.

Diego Reynoso, por su parte, presenta una suerte de carambola a tres bandas. Primero, confirma con la evidencia disponible en la Eepemex que la escala izquierda-derecha, a pesar de las objeciones que usualmente se le hacen, clasifica significativa y razonablemente a partidos y políticos en el nivel nacional pero también en el estatal. En segundo término, identifica las entidades con contiendas de gobernador ideológicamente más polarizadas, entre las que destacaron Coahuila, Estado de México, Jalisco, Querétaro y Morelos, así como los estados con mayor diferenciación entre candidatos oficiales y gobernadores, en donde sobresalieron Jalisco, Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas y Guanajuato. Finalmente, el argumento se sostiene con estimaciones que descuentan el sesgo que la ubicación ideológica de los expertos introduce al clasificar la posición ideológica de distintas figuras públicas.

En su análisis sobre la calidad de las elecciones en los estados, Irma Méndez halla que además del efecto que tiene sobre estas la calidad del órgano de administración electoral, la injerencia gubernamental en las contiendas la socava en tanto que la potencia de la principal oposición local le resulta favorable, lo que descarta los factores que de acuerdo a la literatura podrían ser relevantes. En este capítulo se ilustra que aunque la calidad de las elecciones va de la mano de la calidad de las democracias subnacionales no se trata de lo mismo y ambas dimensiones acusan variaciones en su distribución territorial, la mayoría de las veces concomitantes, pero no siempre.

Esperanza Palma y Rita Balderas utilizaron datos estandarizados y respuestas no estructuradas de la Eepemex, información hemerográfica y registros en tribunales electorales, para clasificar las contiendas de gobernador conforme a las garantías otorgadas a militantes y ciudadanos para ejercer su derecho a ser candidatos, pues aunque alrededor de 70% de los expertos entrevistados en todos los estados de México dijeron que no existieron trabas a la libre postulación, también se contabilizaron testimonios en sentido contrario. Con Blanca Alcalá de Puebla, Palma y Balderas ejemplificaron el caso de candidatos que no entraron en la contienda o se retiraron de esta, porque negociaron otras posiciones que les eran relevantes; con Gregorio Sánchez en Quintana Roo tuvieron el caso, inédito en el México moderno, de un candidato inhabilitado por intervención del Poder Judicial; el caso del asesinato del candidato a gobernador del pri en Tamaulipas, Rodolfo Torres, exhibió los efectos de la intervención del crimen organizado cuando las autoridades son incapaces de garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos; en general, constataron que algunos perdedores de las contiendas internas argumentan violación a sus derechos, cuando esto no necesariamente sucede, y finalmente que no hay registro de exclusión de candidatos por razones de etnia o de género.

En el capítulo de Georgina Flores y Daniela Escobar, se exploran los determinantes del control de los medios de comunicación ejercido por los gobiernos locales, el sesgo de los medios a favor de estos y el acoso a periodistas, “utilizando dos tipos de variables explicativas: por un lado, las relacionadas con la competencia y la estructura de los medios de comunicación” y, por el otro, “variables políticas como la alternancia y la calidad institucional”, controlando siempre por marginación. Al presentar las variables explicativas, destacan las variaciones en la oferta informativa local, que va de estados sin ninguna concesión en radio y televisión, hasta otros con 158 y 52, respectivamente, así como entidades con solo tres periódicos locales, hasta otras con 86. Los estados con mayor pluralidad de medios son Sonora, Oaxaca y Veracruz, mientras que Tamaulipas tiene la menor cantidad de estaciones de radio y televisión. Respecto al control y sesgo de medios, así como el acoso a periodistas, Chiapas es la única entidad mexicana que califica negativamente en los tres rubros, Veracruz en dos, control de medios y acoso a periodistas, y Tamaulipas también en dos, sesgo y acoso, mientras que Oaxaca figura con evaluaciones negativas en control de medios, y Quintana Roo, en sesgo. De acuerdo con los resultados de los modelos, solo la marginación se asoció significativamente con las tres variables de interés, pero el sesgo de la información también lo hizo con la alternancia y el número de estaciones de televisión permisionarias, mientras que el número de estaciones de radio concesionarias fueron importantes para explicar el acoso a periodistas.

En su capítulo, Caroline Beer confirma primero la relación de la respuesta de los expertos sobre la influencia de la Iglesia católica en política pública local, con otros indicadores de catolicismo y religiosidad como el registro contemporáneo de la proporción de católicos y matrimonios religiosos, el número de cristeros y sinarquistas en el pasado más remoto, y la votación por el Partido Demócrata Mexicano, el pan y el tamaño de su fracción parlamentaria en la segunda mitad del siglo xx en los estados mexicanos. Posteriormente, utiliza el juicio de los expertos respecto a la influencia de la Iglesia en política pública en los estados y confirma que cuando es mayor, la igualdad de género es menor, aunque esta última también aumenta conforme lo hace la calidad de la democracia subnacional. De forma un tanto anómala, se advierte una relación positiva entre desigualdad de género y extensión de la cultura política democrática.

Por su parte, Nicolás Loza reporta que con la Eepemex puede sugerirse que en el ciclo de elecciones subnacionales de 2001 a 2007, el crimen organizado tuvo intentos más bien infructuosos de incidencia, aunque estos fueron un poco más acusados en nueve entidades del país; posteriormente, en el conjunto de contiendas del ciclo 2007 a 2012, los intentos y el éxito de la intervención del crimen organizado subieron ligeramente pero de manera pronunciada en Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Colima. A su vez, en elecciones de ayuntamientos se reportaron más altos niveles de intervención del crimen organizado que en cualquier otra. Otro hallazgo fue que la ocurrencia de operativos federales en un estado se asoció a mayores intentos de injerencia del crimen organizado en posteriores procesos. A su vez, en la mitad de entidades en las que el crimen organizado intervino en elecciones, optó sobre todo por financiar y/o apoyar candidatos, aunque también los amenazó y/o compró una vez que habían ganado, así como acudió al expediente de movilizar electores, teniendo como último recurso el asesinato de candidatos o su disuasión. Asimismo, en aquellas entidades con mayor injerencia del crimen organizado en elecciones, las democracias locales fueron de menor calidad, aunque si se piensa con detenimiento la relación, no es clara la dirección de la misma ni su mecanismo.

En el capítulo final del libro, Rodrigo Salazar-Elena sostiene que, entre los votantes, la opinión positiva de la política de seguridad del gobierno de Calderón incidió, incluso más que la evaluación de la situación económica, en su preferencia por el pan, efecto que sin embargo disminuyó por entidad de la república cuando la injerencia del narcotráfico fue mayor. Esta injerencia se calibró con un índice de penetración del narcotráfico en las elecciones locales, que en sus valores más altos supone la existencia de un principal de las autoridades locales que las distanció de los objetivos de la política federal de seguridad, de allí que el argumento no solo tenga implicaciones sobre la explicación del comportamiento electoral de los mexicanos, sino también respecto de la atribución de responsabilidades por parte de los electores cuando el éxito de una política depende de la cooperación entre autoridades y una de estas puede responder a más de un principal.