Читать книгу Poderes y democracias - Grisel Salazar Rebolledo - Страница 7

Debido a la complejidad del concepto de democracia subnacional y las dificultades adicionales que surgen dada la sutileza con la que los regímenes híbridos típicamente restringen los derechos políticos, se sigue aquí la tradición subjetiva de medición de la democracia (Bollen y Paxton, 2000: 60). A diferencia de la tradición objetiva, que utiliza medidas que no dependen de los juicios de los investigadores, expertos y fuentes secundarias —por ejemplo, Alvarez, Cheibub, Limongi y Przeworski (1996) y Vanhanen, (2000)—, la subjetiva recurre a indicadores “basados en percepciones” (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2005).^[5] En esta estrategia un investigador formula un juicio informado sobre la situación de un cierto aspecto de la democracia en un país utilizando fuentes secundarias y/o su propio conocimiento y/o consultando a expertos. Esta es la adoptada por importantes índices nacionales de democracia, como los de Polity IV (Marshall, Gurr y Jaggers, 2013) y Freedom House. Varieties of Democracy (Coppedge, Gerring et al., 2011), el más reciente y metodológicamente sofisticado proyecto de operacionalización para los regímenes políticos nacionales, obtiene la mayor parte de sus datos de encuestas a expertos similares a la Eeppa y la Eepemex. Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñán (2001) y Bowman et al. (2005) —autores de índices de democracia para América Latina y América Central, respectivamente— defienden convincentemente los índices de democracia basados en juicios de expertos con profundo conocimiento de los estados a ser codificados.

La variante de la operacionalización subjetiva que presentamos aquí, una encuesta a expertos locales para medir grados de democracia subnacional, tiene solo dos precedentes que aplicaron Kelly McMann y Nikolai Petrov en Rusia y Kirguistán (McMann y Petrov 2000; McMann, 2006). La principal diferencia metodológica entre esos estudios y las encuestas argentina y mexicana es que aquellos consultaron a expertos residentes en las capitales de los países y les pidieron que ordenaran las regiones según su grado global de democracia, mientras que en estas últimas se seleccionaron expertos específicos para cada provincia/estado (la mayoría de ellos residentes en la unidad subnacional respectiva) y se les solicitó juicios sobre muchos y diversos aspectos de la democracia local.

Los expertos son considerados una fuente más confiable que las fuentes secundarias, en parte debido a que estas carecen del grado necesario de detalle y calidad para varias/os provincias/estados, y en parte debido a que las sutiles formas en que la democracia es restringida en los regímenes híbridos exige información muy específica. Los entrevistados ideales son académicos y profesionales de la política (como periodistas y consultores), políticamente independientes y con profundo conocimiento de la política de la unidad subnacional en la que residen.

Puesto que por definición los expertos conocen muchas características del régimen político provincial/estatal, varios aspectos de la democracia pueden ser evaluados más allá de la competencia electoral y la inclusión: por ejemplo, la eficacia de los controles legislativos y judiciales sobre el poder ejecutivo, el nivel de libertad de prensa, la situación de los derechos civiles y la prevalencia de violaciones de los derechos humanos.

Es posible entender mejor las ventajas de los indicadores subjetivos en comparación con los indicadores objetivos. Estos últimos pueden ser de dos tipos. En el primer caso miden la existencia y el grado de competencia electoral por el poder. Los países (y las unidades subnacionales) son clasificados como democráticos o más democráticos según conduzcan elecciones multipartidarias regulares para los principales cargos de gobierno en las que los partidos opositores obtienen un porcentaje importante de votos (por ejemplo, Vanhanen, 2000) o ganan de vez en cuando el control del poder ejecutivo (Alvarez, Cheibub, Limongi y Przeworski, 1996). Se han propuesto varios índices basados en indicadores de competencia electoral para el nivel subnacional, incluyendo Argentina (Gervasoni, 2010b; Giraudy, 2015) y México (Hernández, 2000; Beer y Mitchell, 2004; Giraudy, 2015). Este tipo de medidas objetivas tiene la ventaja de ser calculable con relativa facilidad, y con poca o nula interpretación por parte del investigador, con base en información institucional y electoral en general disponible. Sus debilidades, sin embargo, son significativas. La primera es que son estrechos y minimalistas: capturan solo un aspecto de los regímenes políticos —la existencia de competencia electoral efectiva por el poder (Coppedge, 2012: 14-28)—. Detrás de un régimen calificado como democrático por un índice objetivo puede haber más o menos libertad de reunión, expresión o prensa, más o menos pesos y contrapesos institucionales, más o menos represión policial, más o menos discriminación de mujeres o minorías étnicas, etc. Ninguno de estos y otros importantes elementos de los regímenes políticos son medidos por los índices objetivos minimalistas. Una segunda debilidad es que el nivel de competencia electoral no depende solo del grado subyacente de democracia, sino también de otros factores que no pertenecen a ese concepto, tales como la performance gubernamental o los factores exógenos (como un shock económico externo) que pueden fortalecer o debilitar al oficialismo de turno. En resumen, los índices objetivos de competencia electoral miden los regímenes en forma estrecha (solo en el sentido minimalista del concepto de democracia) y con limitada validez.

El segundo tipo de indicadores objetivos son los que mensuran aspectos específicos del régimen. Así, podría diseñarse un índice de libertad o diversidad de prensa observando en qué medida las emisoras televisivas y radiales o los diarios de un estado dan cobertura a las diversas fuerzas y tendencias políticas durante una campaña electoral o, por el contrario, benefician a alguna en particular, típicamente al oficialismo. Tal medición implicaría asignar mucho personal al análisis de contenido de cientos de horas de emisiones audiovisuales y de cientos de páginas de medios escritos. Realizar un estudio objetivo de este aspecto de la democracia y en un solo estado sería factible; emprenderlo para los 32 estados mexicanos y para todos los aspectos de la democracia de interés implicaría una disponibilidad de recursos muy superior a la de un típico proyecto de investigación social. En otras palabras, sería teóricamente posible y metodológicamente conveniente medir con objetividad muchos aspectos de los regímenes subnacionales, pero tal empresa demandaría recursos humanos y económicos muy superiores a los requeridos para la Eepemex. Encuestar expertos es una estrategia que combina amplia cobertura de diversos aspectos de la democracia y una razonable calidad de medición con recursos también razonables.

Nótese que aun si se dispusiera de financiamiento para implementar una estrategia como la descrita, habría aspectos de la democracia subnacional difíciles, o incluso imposibles, de medición objetiva. ¿Cómo se podría observar el grado de fraude electoral o qué tanto los aparatos de inteligencia estatal espían a los opositores? Tales actividades, por su propia naturaleza oscura y oculta, son desafíos enormes para la medición objetiva. Es posible, en contraste, que los expertos tengan opiniones razonablemente fundadas de la prevalencia de tales prácticas en un estado. La situación se replica en el tema de la corrupción: la medición más difundida de este fenómeno a nivel nacional no proviene del Índice de Percepciones de Corrupción de Transparency International,^[6] el cual se basa en encuestas aplicadas entre analistas, empresarios y expertos de cada país.

El presente volumen contiene capítulos en los que se realizan pruebas de coherencia entre opiniones de expertos y hechos (conductas) observados. Es el caso de Álvaro López que contrasta los juicios de los expertos en torno a la cooperación entre el legislativo y el ejecutivo. Por su parte, Nicolás Loza respalda con las tasas de homicidios la opinión de los expertos en torno a la presencia del crimen organizado. Estos ejercicios, no obstante, solo son factibles para los pocos aspectos de los regímenes políticos para los que existen tanto la medición vía expertos como indicadores objetivos razonablemente válidos y confiables para todos los estados.

Un potencial problema de medición adicional cuando se usan indicadores subjetivos es el de la memoria de los expertos. Es razonable asumir que estos recordarán con más precisión los hechos recientes que los ocurridos en un pasado lejano. Desde este punto de vista, la medición subjetiva debería funcionar mejor cuando se consulta a los expertos sobre eventos del presente o del pasado inmediato. En el caso argentino, en el que (con alguna excepción) las elecciones provinciales se realizan en el mismo año para todas las provincias, la opción fue consultar a los expertos sobre el periodo gubernamental concluido el año anterior al de la encuesta. La naturaleza escalonada de las elecciones subnacionales mexicanas implicó que variara el tiempo entre la fecha de la encuesta y el fin del periodo gubernamental evaluado. En la mayoría de los casos fue razonablemente corta: en siete estados el mandato concluyó en 2012 (a menos de un año antes de la realización de las entrevistas), en diez en 2011, y en ocho en 2010. Solo en siete estados el tiempo transcurrido fue superior a tres años (el caso más extremo es el de Baja California, estado para el cual se evaluó un gobierno concluido en 2007, unos cinco años antes de la encuesta). Estamos convencidos de que para expertos como los consultados no resulta difícil recuperar de su memoria información sobre lo ocurrido en el periodo gubernamental anterior al actual, aun si el mismo concluyó hace algunos años. De todas formas, el diseño metodológico de la Eepemex permite la verificación de esta hipótesis: puede compararse el grado de acuerdo inter-expertos para estados cuyos periodos de gobierno evaluados concluyeron más o menos recientemente. Si los problemas de memoria existieran y fueran signficativos, debería observarse un menor nivel de acuerdo entre los expertos para los estados más alejados temporalmente. En ese caso, las inferencias descriptivas acerca de esas unidades subnacionales serían de menor confiabilidad que aquellas sobre estados cuyos gobiernos evaluados concluyeron más recientemente.