Читать книгу Salud y asistencia sanitaria en España en tiempos de pandemia covid-19 - Juan Carlos Alvarez Cortes - Страница 49

La pandemia de la COVID-19 ha afectado de manera especialmente importante a las personas mayores. El Informe del Grupo de Trabajo COVID-19 y Residencias, presentado al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado el día 2 de diciembre de 202023 destaca, pese a la dificultad de establecer cifras totalmente seguras, que para el período de primera oleada, el sistema de vigilancia MoMo, gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), determinó que entre el 10 de marzo y el 9 de mayo de 2020, en el segmento de 75 años en adelante, la mortalidad excesiva ascendió a 37.227 fallecimientos (85.042 observados frente a los 47.815 esperados) con un incremento del 77,9%, sensiblemente mayor al incremento global. Comparativamente, para la fase inicial de segunda oleada, entre el 10 de julio y el 29 de octubre de 2020, y para las personas mayores de 74 años, el exceso de mortalidad fue de 12.391 (90.031 defunciones observadas sobre 77.640 esperadas) con un incremento de la mortalidad del 16%, es decir, casi cinco veces menor que en la fase inicial de la pandemia, debido, entre otras cosas, a las medidas de control de la pandemia que se adoptaron en instalaciones críticas como son los centros residenciales. El número de fallecidos totales de residencias por causa de COVID-19, según datos contrastados por el IMSERSO, en España fue de 20.268 fallecidos notificados por las comunidades autónomas hasta el 23 de junio (de los que 10.364 tenían confirmación COVID-19 y el resto con sintomatología compatible). Datos similares, pero a nivel mundial, se recogen en el Informe de Naciones Unidas, Informe de políticas: Los efectos de la COVID-19 en las personas de edad, de mayo de 202024.

Como se ha puesto de manifiesto en los documentos de Información científico-técnica elaborados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), existe una creciente evidencia internacional de que las personas que viven en centros sociosanitarios son particularmente vulnerables a las infecciones graves por COVID-19 y han experimentado altas tasas de mortalidad. La edad avanzada y las comorbilidades que presentan los residentes son factores de riesgo de gravedad y el entorno cerrado con estrecho contacto con otros residentes y el personal que los atiende que favorece la transmisión, ha hecho que los efectos de la emergencia sanitaria COVID-19 hayan sido particularmente graves en este colectivo25.

No se puede desconocer además que en España las residencias han sido uno de los amplificadores de la pandemia, en gran parte debido al proceso de privatización de las mismas que ha provocado que gran parte de ellas estén en manos de fondos de inversión o entidades religiosas, que en muchas de ellas ha dado lugar a recortes de personal, reducción de la calidad de las instalaciones, creación de grandes residencias con hacinamiento de pacientes e incumplimientos de los protocolos que garantizan la seguridad de los residentes, sin que los mecanismos de control por parte de las comunidades autónomas que conciertan la atención residencial con muchas de ellas hayan funcionado correctamente26.

El virus no solo pone en peligro la vida y la seguridad de las personas de edad, sino también sus redes sociales y su acceso a los servicios de salud. Quienes normalmente reciben atención en casa –como las mujeres de más de ochenta años de edad que tienen más del doble de probabilidades que los hombres de vivir solas– corren el riesgo de verse desproporcionadamente afectados por las medidas de distanciamiento físico, con graves repercusiones en su salud mental, puesto que su inclusión digital es menos probable.

El Informe del Grupo de Trabajo COVID-19 y Residencias, presentado al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 2020 destaca un conjunto de factores que han estado presentes en la importante afectación de la pandemia a las personas mayores y que se pueden agrupar en los siguientes: A) La alta contagiosidad y el desconocimiento inicial del patógeno SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. B) Las características de las personas usuarias de los centros residenciales, con morbilidades y discapacidad, edad avanzada, o/y problemas neurocognitivos, a lo que se ha unido los efectos del aislamiento. C) Las características de las infraestructuras residenciales, con espacios de uso colectivo y compartido y un gran tamaño de los centros, y las dificultades para acceder a medios de protección adecuados. D) La organización y recursos humanos de los centros residenciales, con ausencia de planes de contingencia, ratios insuficientes de personal, personal sanitario insuficiente o no suficientemente entrenado, gran número de bajas de personal y contratación de urgencia de nuevo personal sin experiencia y falta de apoyos psicológicos. E) Problemas en la comunicación entre el personal de las residencias, las personas residentes y sus familias. F) Las políticas y estrategias de aislamiento y confinamiento adoptadas, que provocaron dificultades en obtener apoyos del exterior en los momentos más críticos, especialmente respecto al acceso a las pruebas diagnósticas o las dificultades para proporcionar apoyos al final de la vida. G) La gobernanza intersectorial y entre distintas administraciones, con la errónea percepción de que los centros residenciales, por su predicado carácter “sociosanitario”, podían y debían hacer frente a la situación por sus propios medios en tanto que la sanidad pública debía proteger prioritariamente el ámbito sanitario y muy especialmente el hospitalario, y falta de abordaje conjunto del problema en todos los niveles. H) El edadismo, los dilemas éticos y los problemas jurídicos, sin considerar suficientemente los criterios generales de preservación de la autonomía y defensa de la dignidad de las personas.

El Informe de Naciones Unidas, Informe de políticas: Los efectos de la COVID-19 en las personas de edad destaca cuatro prioridades de acción fundamentales:

1. Velar por que las difíciles decisiones de atención sanitaria que afectan a las personas de edad se guíen por el compromiso con la dignidad y el derecho a la salud. Hay que controlar debidamente los riesgos específicos que enfrentan las personas de edad para acceder a la atención sanitaria, como la discriminación por motivos de edad, el descuido, los malos tratos y la violencia en instituciones residenciales, y hacerles frente de manera integral.

2. Reforzar la inclusión social y la solidaridad durante el distanciamiento físico. Las restricciones a la libertad de circulación y el distanciamiento físico pueden conllevar la disrupción del apoyo y los cuidados esenciales para las personas mayores. El “distanciamiento físico” ha de ir acompañado de medidas de apoyo social y de atención específica para las personas de edad como, por ejemplo, el incremento de su acceso a las tecnologías digitales.

3. Integrar plenamente las cuestiones relacionadas con las personas de edad en la respuesta socioeconómica y humanitaria a la COVID-19. Es preciso abordar las devastadoras repercusiones sociales y económicas de la COVID-19 en las personas de edad tanto en la crisis como en la fase de recuperación. Además, hay que abordar las causas estructurales que han hecho que las personas de edad se queden atrás y sean vulnerables en esta crisis, si queremos recuperarnos mejor y garantizar la atención, el apoyo y las oportunidades a lo largo del ciclo de vida, entre otras cosas invirtiendo en la mejora de la cobertura sanitaria universal y la protección social y reforzando los marcos jurídicos nacionales e internacionales para proteger los derechos humanos de las personas de edad.

4. Ampliar la participación de las personas de edad, compartir buenas prácticas y aprovechar conocimientos y datos. Es necesario hacer frente al edadismo y la estigmatización de las personas de edad. La naturaleza sin precedentes de esta crisis ha puesto de relieve la invisibilidad de las personas mayores en el análisis de datos públicos. Para elaborar políticas públicas eficaces que incluyan a las personas de edad, es esencial adoptar enfoques innovadores, respaldados por información objetiva y datos desglosados por edad, sexo y características socioeconómicas pertinentes.

Parece necesario, en cualquier caso, trabajar hacia un nuevo modelo de atención, que integre el ámbito social y sanitario y tenga en cuenta la realidad de la longevidad, la multiculturalidad, la dignidad, así como los aspectos bioéticos y socioculturales27. Sería necesario también, en esa línea, crear una “red de residencias de titularidad y gestión pública” que debe priorizar la construcción de centros residenciales de tamaño adecuado que eviten grandes concentraciones y con recursos suficientes en infraestructuras y en personal, y que garanticen cuidados acordes con las necesidades de las personas que viven en ellas. Además, se deben potenciar los recursos previstos por la Ley de Dependencia para que las personas mayoras puedan mantenerse en sus domicilios con el apoyo de cuidadores y recursos públicos.

Se debe garantizar una perfecta coordinación entre la atención social y la atención sanitaria, teniendo como protagonista la Atención Primaria de Salud28. En las medidas de coordinación sociosanitaria insiste también el Informe del Grupo de Trabajo COVID-19 y Residencias, presentado al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 2020 (vid. Anexo III).

Además, es necesario en España hacer frente a las diferencias existentes entre los servicios prestados y los recursos disponibles en cada una de las Comunidades Autónomas, que ocasiona desigualdades en la atención, desde diferentes modelos y con una clara fragmentación y desconexión entre sistema social y sistema de salud, y entre el ámbito público y privado (muy fuerte en el sector de los centros residenciales). Por ello se deben establecer modelos comunes de atención sociosanitaria entre las diferentes comunidades autónomas y entre los sectores público y privado.

Las políticas sociales y sanitarias públicas deben estar dirigidas hacia modelos de atención alternativos biopsicosociales, basados en una perspectiva multidisciplinar y de trabajo en coordinación con los equipos de vigilancia de la salud, epidemiólogos, médicos de salud pública, especialmente de atención primaria, infectólogos y generalistas, y gestores de políticas de salud, y otros expertos. En esta línea, es especialmente necesario cambiar el modelo de atención residencial existente en la actualidad, de forma que sea posible implantar un modelo de atención social que incremente las capacidades y las competencias de los proveedores de cuidados de las personas mayores.

En esta línea parece avanzarse en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno el 29 de abril de 2021 (BOE 30 de abril de 2021) para la utilización de los nuevos instrumentos comunitarios de financiación Next Generation UE.

En dicho Plan, entre las llamadas “10 políticas palanca”, la número VIII se refiere a la “nueva economía de los cuidados y políticas de empleo”. Se reconoce que la pandemia “ha demostrado la necesidad de reforzar la economía de los cuidados, desde la atención a las personas dependientes o vulnerables, al cuidado de nuestros mayores, que se han visto expuestos de manera más importante a lo peor del virus. En este contexto, es imprescindible articular un plan específico que vuelva a situar a las personas en el centro de la economía, poniendo en valor lo que puede aportar cada generación al conjunto de la sociedad y asegurando que nadie queda atrás ni al margen de la sociedad, y valorando adecuadamente las tareas de cuidados y de asistencia social”. Por ello se incluye un “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión” (Componente 22, p. 152).

El Plan de Recuperación prevé a través de ello impulsar el desarrollo del cuarto pilar del Estado de Bienestar (junto con la educación, la sanidad y los servicios sociales): de la economía de los cuidados. Se trata de trata de implantar un sistema centrado en la “atención a la persona”, reforzando los mecanismos actuales de atención a la dependencia y de servicios sociales y los equipamientos para cuidados de larga duración, incorporando nuevas tecnologías para la mejora de la atención domiciliaria o impulsando la accesibilidad universal para todas las personas, entre otras medidas (p. 63).

El objetivo es mejorar el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), introduciendo reformas que simplifiquen los procedimientos y reduzcan las listas de espera, refuercen la calidad de los servicios profesionales y las condiciones laborales y aumenten la cobertura de las prestaciones. Se impulsarán cambios en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, promoviendo una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y la implantación de un modelo de Atención Centrada en la persona. Y se modernizarán los servicios sociales públicos, dotándolos de un nuevo marco normativo mediante la aprobación de una Ley Marco estatal. Se promoverá la innovación y la capacitación de los profesionales del sector, implantando un nuevo sistema de información de Servicios Sociales (p. 152).

Entre las inversiones previstas (muy genéricamente) se incluyen en el Plan de apoyos y cuidados de larga duración las destinadas a desinstitucionalización, equipamientos y tecnología. Así se prevé la financiación de nuevos equipamientos públicos en los centros residenciales para que reúnan características adecuadas para el cambio de modelo de cuidados de larga duración que se quiere impulsar. La financiación de centros de día innovadores e integrados en la comunidad que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domicilio, favoreciendo también su desarrollo también en áreas rurales. Se introducirán equipamientos domiciliarios que favorezcan la promoción de la autonomía personal. Por otro lado, en el Plan de Modernización de los Servicios Sociales se prevén inversiones dirigidas, entre otras cosas, a la implementación de programas integrales de introducción de nuevas tecnologías para la mejora de los sistemas de información y gestión de los servicios sociales y a la formación dirigida al personal técnico del Sistema Público de Servicios Sociales.