Читать книгу Derecho Financiero y Tributario - Luis María Cazorla Prieto - Страница 77

1. El elemento sustancial y finalista contenido en el tan citado artículo 31.2 es el que mira a «la asignación equitativa de los recursos públicos» como meta a la que debe dirigirse toda actuación pública en el campo del gasto público.

2. ¿Qué debe entenderse por asignación equitativa de los recursos públicos? Asignación equitativa equivale a distribución con arreglo a la equidad, la cual es la propia justicia aquilatada a las circunstancias concretas de cada situación. A la vista de ello, la exigencia de justicia material en el gasto público, al aparecer revestida del ropaje de la equidad, insinúa su temporalidad, su dependencia de las circunstancias sociales, políticas y económicas de cada momento; la inconveniencia, en definitiva, de interpretar de modo rígido y monolítico el postulado de la justicia material en el gasto público.

La equidad matiza el valor justicia y lo ajusta a la realidad concreta. Mas la interpretación del requerimiento de la justicia material en el gasto público ha de tener un norte claro. El Estado contemporáneo debe proporcionar a sus ciudadanos un mínimo indispensable para la subsistencia; ha de facilitarle, por otra parte, junto a este mínimo material, un conjunto de prestaciones sociales muy variadas. Ahora bien, la formulación del valor superior justicia en el gasto público por vía de la equidad puntualiza que tal meta es cambiante, y en su consecución deben tenerse continuamente presentes las circunstancias económico-sociales de cada momento.

Con estas limitaciones el principio de asignación equitativa no puede olvidarse del carácter sintético que acompaña al valor superior justicia, del que es una manifestación matizada. De ahí que, a pesar de la proximidad de tal concepto a lo político, quepa destacar el papel que desempeñan en esta materia, entre otros, los principios de generalidad, igualdad y no discriminación, interdicción de la arbitrariedad y cumplimiento jerarquizado de las metas que la propia Constitución fija para los poderes públicos, cuya mayor o menor presencia ayuda a detectar el grado de respeto a la asignación equitativa de los recursos públicos.