Читать книгу Manual de Derecho Administrativo - Luis Martín Rebollo - Страница 108

Antes de aludir brevemente a la estructura y contenido del texto constitucional cabe mencionar ahora tres normas que se refieren a la enseñanza y defensa de la Constitución.

– En primer lugar, la Ley 19/1979, de 3 de octubre, que regula el conocimiento y enseñanza del Ordenamiento constitucional en el Bachillerato y Formación profesional. Su art. 3 dispone que el contenido de estas enseñanzas se orientará a proporcionar a los alumnos “una información suficiente de los derechos y libertades que integran la Constitución Española, así como los contenidos de los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por España; la organización del poder en el Estado español y su estructura territorial”. La Disposición Final 4.ª.4 de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, mantuvo la vigencia de esta Ley, rebajándola, no obstante, a nivel de norma reglamentaria, lo que, aunque fuera simbólicamente, no puede valorarse positivamente.

– En segundo lugar, hay que recordar el RD 2964/1983, de 30 de noviembre, que para conmemorar la fecha del referéndum constitucional declaró el 6 de diciembre de cada año como “Día de la Constitución”.

– Por último, el art. 472 del Código Penal considera reos del delito de rebelión a “los que se alzaren violenta y públicamente”, entre otros fines, para “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”. Por su parte, el delito de sedición en cierto modo afecta también al mismo bien jurídico protegido en cuanto que éste considera reos del mismo, entre otros, a quienes, sin incurrir en el delito de rebelión, “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”; delito este último al que se refiere la STS (de la Sala de lo Penal) 459/2019, de 14 de octubre de 2019, en la causa especial del conocido como caso del procés, en la que una serie de autoridades catalanas fueron condenadas a graves penas de prisión por hechos que el TS consideró ubicables en dicho tipo penal.