Читать книгу Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos - Varios autores - Страница 46

El enfoque étnico en el ordenamiento territorial, más que garantizar niveles de participación en espacios democráticos en que se incluyan representantes de los grupos étnicos de acuerdo con sus esquemas de organización y formas de gobierno propio, comporta retos institucionales, normativos y organizativos. Como ya se planteó, la ordenación es un proceso complejo, pero no imposible.

Lo primero que habría que hacer sería pensar, como se ha reiterado a lo largo de esta reflexión, que el enfoque étnico va más allá del reconocimiento de la existencia de grupos étnicos en un territorio (más allá de un diagnóstico y una caracterización). Así pues, la ordenación con enfoque étnico y autonomía territorial debería:

1. Superar la homogeneización y estandarización.

2. Tener en cuenta referentes culturales propios.

3. Reconocer y respetar que existen diferentes modelos de desarrollo.

4. Reconstruir modelos de desarrollo desvirtuados por los procesos de colonización.

5. Crear escenarios de diálogo que superen los espacios de planeación territorial y/o comisiones naciones y regionales de ordenamiento territorial.

6. Construir los planes e instrumentos de planeación, ordenación y desarrollo de los grupos étnicos.

7. Superar las discrepancias entre el país oficial y el país real (De Sousa Santos, 2014, p. 50) para incorporar las estructuras de gobierno propio de cada grupo étnico en la estructura política y administrativa del Estado colombiano.

8. Corresponder a la decisión institucional de apoyo y asignación presupuestal para grupos étnicos más allá de programas y/o subvenciones de organizaciones no gubernamentales o de los recursos destinados para avanzar en la titulación colectiva o en programas y proyectos de autoridades ambientales, que garanticen procesos autónomos de ordenamiento territorial.

Teniendo en cuenta este punto de partida, a continuación se presentan algunos retos para emprender esta tarea:

1. Retos institucionales: se refieren a los desafíos a los que se enfrentan las entidades que representan al Estado. Desde este lado, el ordenamiento territorial debe trascender a su percepción como una competencia exclusiva de las entidades territoriales y asumir que en un territorio coexisten varias autoridades que, así normativamente no se denominen como entidades territoriales, sí ejercen materialmente competencias similares a estas, como la administración de un territorio o la ordenación del suelo y de los recursos naturales.

Además, la institucionalidad debe reconocer las diferencias que hay en la diversidad y comprender que cada grupo étnico en Colombia tiene sus propias dinámicas históricas, cosmovisión y formas de gobierno. En tal sentido, la labor de las entidades territoriales es articular e incorporar estas diferentes cosmovisiones, y no tratar de ordenar y sectorizar los territorios colectivos. La concertación debería servir para articular estas diferencias, pero reconociendo que cada grupo puede ordenar su territorio, que también es parte del territorio colombiano. Por lo anterior, se “requiere de un especial tratamiento y consideración desde las políticas públicas y el comportamiento sensible y comprometido de los funcionarios en todos los niveles del Estado”⁹³.

De igual manera, los recursos económicos que se invierten en los procesos de planeación de planes de desarrollo, y planes y esquemas de ordenamiento territorial, deberían destinarse a garantizar que cada grupo étnico construya sus propios procesos de planeación y ordenación (planes de etnodesarrollo, planes de vida, plan del buen largo camino pueblo rom, planes de ordenación, planes de manejo y aprovechamiento de recursos naturales), de tal forma que cuando la institucionalidad emprenda procesos de ordenamiento ya los grupos étnicos cuenten y tengan consolidados sus procesos. El punto de partida para la articulación y concertación será más fácil y se requerirá menos tiempo. No se trata de presentar un plan para que las comunidades expresen su opinión o aprobación. Ordenar el territorio colombiano es garantizar que este “país real” sea la base y punto de partida para las decisiones.

2. Retos normativos. Sin desconocer que a partir de 1991 el desarrollo normativo para garantizar los derechos de los grupos étnicos⁹⁴ en el país tomó un gran impulso, todavía hacen falta desarrollos normativos que garanticen los derechos reconocidos; así por ejemplo, en relación con los pueblos indígenas se debe continuar en la materialización del artículo 329 CP y desarrollar todas sus competencias como entidades territoriales.

La autonomía territorial debe conducir “a que se reconozca a las autoridades tradicionales la competencia de ejercer funciones administrativas, legislativas y judiciales. Visto de esta manera, el ordenamiento territorial es una estrategia para hacer efectivo el reconocimiento de los territorios indígenas como Entidades Territoriales Indígenas (ETIs), es decir, espacios donde los pueblos indígenas podrán ejercer sus derechos y deberes para con el resto de la Nación”⁹⁵.

En el caso de las comunidades negras, afrocolombianos y palenqueras, es preciso continuar con los procesos de reglamentación de la Ley 70 de 1993, en el caso de los raizales, con la adopción final de un marco normativo completo y especial (estatuto raizal). En relación con los rom o gitanos, se requiere continuar con la expedición de otros instrumentos normativos que les permitan desarrollarse como grupo étnico. La anterior reflexión con miras a que las futuras disposiciones que se expidan sobre ordenamiento territorial en el país realmente garanticen el enfoque étnico⁹⁶.

3. Retos organizativos: se hace referencia, acá, a los desafíos a los que se enfrentan los grupos étnicos, en especial al de emprender los procesos que se requieren en vista de consolidar sus planes de desarrollo y ordenamiento del territorio y contar con los instrumentos básicos para el relacionamiento con la institucionalidad. En este aspecto el tema presupuestal es clave, porque se debe superar el trabajo sectorizado de las instituciones estatales que trabajan a partir de proyectos en la mayoría de ellos casos financiados por la cooperación internacional y no en virtud de una decisión presupuestal real del Estado colombiano. También se hace referencia al inicio de procesos de autocrítica frente a sus órganos de representatividad y la forma en que ejercen los mandatos.

Ahora bien, como lo exponía Bonilla⁹⁷, a pesar de los efectos positivos que ha generado el marco jurídico, los grupos étnicos se enfrentan a retos de gran magnitud, pues deben encarar una serie de obstáculos prácticos que dificultan su implementación, retos que están directamente relacionados con el alto grado de insatisfacción de las necesidades básicas de estos grupos sociales y con el contexto político y económico que vive el país.