Читать книгу Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos - Varios autores - Страница 47

Es imperioso partir por reconocer que en Colombia existen diferentes visiones de ordenamiento territorial, que pueden coexistir si se reconocen y respetan las diferencias entre sí. La condición de Estado unitario no obsta para hacer realidad el carácter democrático de este país y garantizar el principio y derecho fundamental a la diversidad étnica y cultural.

El enfoque étnico en la ordenación del territorio se refiere a reconocer que en la diversidad hay diferencias, y a garantizar que cada grupo étnico tiene el derecho a decidir cómo ordena su territorio. No se reduce a la participación en espacios de concertación para la adopción de instrumentos de planeación, no se agota con la representatividad o con estudios de diagnóstico y caracterización poblacional. Promueve el respeto de las diferencias y la aceptación de la ordenación realizada por cada grupo étnico. Al igual que lo ha hecho la “Corte Constitucional, se debe reconocer que una de las grandes falencias del Estado, en cuanto hace a la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas, como la que se propone, tiene que ver específicamente con la ausencia en éstas de un enfoque diferencial que garantice y proteja los derechos de estos grupos y personas”⁹⁸.

Los derechos de los grupos étnicos, categorizados, en virtud de la condición de estos últimos de sujetos de especial protección constitucional, como derechos fundamentales, tienen una relación de interdependencia, de tal forma que el reconocimiento y ejercicio del uno garantiza la materialización de los otros. Por lo tanto, en la ordenación del territorio, el derecho a la autonomía se convierte en la clave para ejercer otros derechos.

El derecho a la autonomía tiene que ver con la potestad de un grupo étnico para decidir cómo, quién, en qué tiempo y en qué condiciones organiza su territorio. La autonomía garantiza la distribución espiritual y física del territorio, con los usos permitidos y prohibidos, con las prácticas tradicionales de producción y las prácticas espirituales y culturales, aspectos clave para el ordenamiento territorial. No obstante, la autonomía lleva implícita la capacidad financiera que servirá de fundamento e instrumento para la materialización de las decisiones. Poder de decisión sin recursos financieros es un poder en el vacío, en el papel. El enfoque étnico exige una nueva lectura de este derecho.

El ordenamiento territorial, más que ser una obligación de las entidades territoriales, se convierte en una política pública que demanda trabajo articulado, el cual debería darse primero entre los diferentes niveles de organización del Estado colombiano y luego con los grupos étnicos, para evitar duplicidad de intervenciones y de ejercicio de funciones.

Así las cosas, la autonomía y el autogobierno van más allá de la simple constitución y elección de sus formas y espacios de gobierno. La autonomía implicaría el ejercicio real de una capacidad de decisión en todo lo que tenga que ver con la aspiración de la ordenación del territorio, es decir, el desarrollo de la capacidad legal, institucional y financiera para gestionar, administrar y decidir sobre lo que pasa, se planea y se proyecta para su territorio; incluso más allá de los restringidos espacios que ofrecen la consulta previa o las instancias de participación ciudadana contempladas por la normatividad⁹⁹.

El nuevo enfoque frente a lo que significa la ordenación del territorio con enfoque étnico exige cambios institucionales, organizativos y normativos que suponen grandes desafíos, sobre todo para la institucionalidad colombiana; pero esta será la única forma de zanjar la “puja entre diferentes modelos de desarrollo”¹⁰⁰ que deben coexistir y complementarse dada la diversidad de la nación.