Читать книгу Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos - Varios autores - Страница 89

Así como la eficacia de la planificación depende, en gran medida, de una arquitectura institucional estatal sólida y organizada, a su vez, la implementación de la planificación favorece el desarrollo de las estructuras públicas. De hecho, cuando se decide cambiar el paradigma de la conducción gubernamental⁶⁷ para que esta se fundamente en la racionalización de sus decisiones dirigidas a cumplir objetivos preestablecidos, se hace indispensable la modificación de las instituciones planificadoras.

Respecto de este punto, cabe advertir que la planificación en el ámbito público depende del trabajo de entes planificadores estatales, pero igualmente de la concertación entre las acciones internas del gobierno y las restantes fuerzas políticas, sociales y económicas interesadas en la implementación de diversos planes. De hecho, a la luz del modelo de gobierno abierto, basado en el postulado según el cual “el quehacer de lo público no se trata solo de lo que haga o deje de hacer el gobierno[,] se trata de fortalecer lo colectivo, lo de todos”⁶⁸, resulta fundamental la participación de sectores privados en la planificación, los cuales pueden intervenir en forma paralela o secuencial en conjunto con las entidades estatales⁶⁹.

Además, este proceso implica una yuxtaposición entre decisiones tanto técnicas como políticas, pues para lograr el éxito de un plan se requiere de la confluencia entre el conocimiento experto –en varias ocasiones, de origen privado– y la acción política. En lo que respecta a la asesoría técnica, esta deberá definir la compatibilidad entre los medios y los fines y la probabilidad de alcanzar determinados objetivos. El actor político, en cambio, definirá las metas por lograr y, en algunos casos, se encargará de la ejecución de las estrategias para alcanzarlas⁷⁰.

Además, la complejidad en el logro de los objetivos implica la articulación estatal a diversas escalas, la coordinación de diversos sectores (económico, ambiental, agrícola, etc.) y la interacción entre programas de corto y de largo plazo. “De esta manera, uno de los desafíos de la planificación es hacer una adecuada gestión de las interacciones”⁷¹.

Esta cuestión remite a la necesidad de concebir a la política pública como un sistema amplio y coordinado de regulación social que, para incrementar su efectividad y lograr metas planteadas, requiere grados de integración crecientes, con esquemas de análisis y capacidad para revisar objetivos según se considere necesario ante cambios en los diferentes escenarios en que opera. En este sentido resulta fundamental el establecimiento de instancias incluso supraministeriales que permitan tales grados de coordinación, articulando políticas industriales sectoriales, financieras, monetarias y fiscales, comerciales, tecnológicas, sociales, de inversión pública, como condición para superar la estrecha capacidad de un Estado meramente subsidiario hacia una política pública capaz de generar fuertes incentivos y desincentivos dirigidos al cambio de la estructura productiva y la distribución de excedentes entre los sectores sociales como condición para una necesaria combinación del crecimiento con la democracia y la equidad⁷².

Así como en la actualidad la planificación favorece e impulsa la coordinación entre los distintos participantes del proceso a nivel nacional, desde el contexto institucional público, en el siglo XXI, se seguirá tendiendo a la integración ya no solo a nivel nacional sino también regional e internacional⁷³. Gran ejemplo de lo anterior es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)⁷⁴, fundada a mediados del siglo XX para contribuir al desarrollo económico de América Latina y reforzar las relaciones económicas entre sus países y las demás naciones del mundo.

De lo anterior se concluye que, a efectos de lograr una debida coordinación entre los diversos actores que participan en el proceso de planificación, entre las esferas técnica y política, y entre los distintos sectores de la economía y las diferentes escalas estatales, es menester repensar la estructura institucional pública como una plataforma idónea para articular la gestión estratégica⁷⁵. Esto confirma nuestra idea inicial según la cual una planificación eficaz depende de la solidez orgánica de la Administración, pero, a la vez, esta última se ve enriquecida por la especialización del proceso planificador.