Читать книгу Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos - Varios autores - Страница 91

En septiembre de 2015, en el marco de la 70.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, los 193 Estados Miembros de esta definieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante una resolución aprobada por la Asamblea General titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”⁸⁶. Este documento, inspirado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados en el año 2000, fue el producto de más de dos años de consultas públicas e interacciones con la sociedad civil, que dieron lugar a un acuerdo sin precedentes sobre el norte mundial. Este se materializó en una agenda con pretensiones globales, integradoras y transformadoras, que estableció objetivos dirigidos a erradicar la pobreza y el hambre, proteger el planeta y mejorar la prosperidad de las personas en un lapso de quince años⁸⁷.

La Agenda 2030 contempla 17 ODS, directamente relacionados e integrados con el cumplimiento de 169 metas. Los objetivos y metas son de carácter indivisible e integrado y abarcan las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. La relevancia de los ODS responde a que nunca había existido un compromiso universal en pro de alcanzar fines comunes mediante una agenda política⁸⁸.

Si bien el cumplimiento de los ODS no es jurídicamente obligatorio para los Estados Miembros de las Naciones Unidas, se espera que los gobiernos adopten los objetivos como propios⁸⁹. Es por ello que la implementación de la Agenda 2030 supone un enorme reto para los Estados Miembros, quienes deberán adecuar y repensar la gestión pública y la reorganización del Estado en pro del logro de los ODS. Así, según las Naciones Unidas, la institucionalidad pública ha de concebirse como “una plataforma dinámica que permita la articulación de los esfuerzos, recursos e iniciativas de los distintos actores del desarrollo, dando consistencia a una nueva ecuación entre Estado, Mercado y Sociedad”⁹⁰.

De acuerdo con lo anterior, idealmente, las visiones de futuro contempladas por cada Estado mediante su plan nacional de desarrollo deberán estar alineadas con los ODS. Pese a las claras diferencias entre los planes de desarrollo, un documento de las Naciones Unidas destaca que los elementos comunes respecto de la visión a futuro en América Latina y el Caribe son “el Crecimiento Sostenible, la Democracia, la Gestión Pública de Calidad, y la Sociedad Pacífica y de Derechos”; y los principales y más frecuentes ejes estratégicos de cada país son “el Crecimiento Económico, el Desarrollo Humano y Social, la Seguridad Ciudadana, la Gobernabilidad y la Infraestructura”⁹¹. Tales elementos están en sintonía con la Agenda 2030, que busca un “crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible”⁹².

En cuanto a la gestión pública, cabe afirmar que los Estados no poseen un monopolio exclusivo a efectos de cumplir los ODS. Todo lo contrario, pues, tal como ya se estudió, los gobiernos deben sustentar su actuación en el conocimiento especializado, las ideas y experiencias de los ciudadanos. Así, los Estados deben promover un diálogo abierto y constante con lo administrados, que garantice su participación efectiva en materia de planificación⁹³.

Lograr la coordinación del trabajo entre los gobiernos y la sociedad civil no solo es un deber del Estado, sino que es la única alternativa para cumplir los ambiciosos objetivos contemplados en la Agenda 2030. El éxito de esta dependerá de un esfuerzo universal y una colaboración real entre las partes interesadas, correspondientes a entidades públicas y privadas⁹⁴.

La referida nueva arquitectura institucional pública, dirigida a implementar la planificación del desarrollo, deberá ser el vaso comunicante entre los objetivos deseables a nivel global, materializados en los ODS, y los objetivos posibles de alcanzar a nivel nacional y regional, conforme a las particulares situaciones política, económica y las prioridades de cada nación.

Diversas naciones latinoamericanas han adaptado sus instituciones públicas a efectos de implementar efectivamente los ODS. Chile, por ejemplo, creó en 2016 el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, que corresponde a una entidad interministerial, presidida por el Ministerio de Relaciones Internacionales, que cuenta con la participación de varios ministerios, como los de Economía, Fomento y Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo Social, y Familia⁹⁵.

Asimismo, en enero de 2016, Argentina inició un proceso de adaptación de los ODS a la realidad nacional liderado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y con la participación de todo el poder ejecutivo nacional. Dicho proceso pretendió organizar en orden de importancia los ODS, de acuerdo con las 100 prioridades de gobierno. El producto del referido proceso corresponde a un listado oficial de los ODS para la República Argentina⁹⁶.

Por su parte, México, que participó como miembro activo en el proceso de conformación de la Agenda 2030, creó en 2017 el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el fin de coordinar “las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la referida Agenda 2030, e informar sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores”⁹⁷.

En el contexto latinoamericano, a tres años de la suscripción de la Agenda 2030, más de la mitad de los países ha acogido mecanismos para la implementación y seguimiento de los ODS, mediante la coordinación de los diversos sectores, la convocatoria de los actores interesados y la definición de estrategias para alcanzarlos atadas a asignaciones presupuestarias. Así, la planificación se ha enaltecido como un instrumento esencial para la ejecución de la Agenda 2030^[98].

El nuevo paradigma de desarrollo propuesto por la definición de los ODS requiere de unos instrumentos de implementación, de un manejo e inversión de los recursos públicos y de una especialización institucional acordes a la magnitud de este paradigma. Es por ello que, si bien se aplauden las iniciativas públicas latinoamericanas para darle aplicación a la Agenda 2030, estas aún son débiles⁹⁹ para darles un efectivo alcance a los ODS.