Читать книгу Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos - Varios autores - Страница 93

Luego de haber estudiado la evolución de la planificación técnica y la adopción de la institución por parte de los estamentos públicos, particularmente por las instituciones de nuestra región, se hace palmario el interés que reviste la materia para la doctrina del derecho administrativo. Si bien este estudio pretendió dar claridad alrededor del entendimiento de la técnica de la planificación y mostrar ejemplos prácticos de su aplicación en cabeza de la Administración Pública, este no es más que el punto de partida para las inmensas posibilidades de investigación que ofrece este argumento.

Cuando el tema tratado es tan amplio y complejo puede resultar osado e, incluso, imprudente pretender cerrar satisfactoriamente la materia planteada. Teniendo en cuenta dicha proposición, más allá de intentar concluir el estudio, a continuación se formulan algunos retos a los que se enfrenta la planificación en la actualidad, los cuales merecen ser desarrollados en el futuro.

En un primer punto, tal como se esbozó en el escrito, uno de los grandes desafíos que enfrenta la planificación consiste en lograr la articulación entre fuerzas opuestas. En primer lugar, emerge el reto de lograr una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de planificación, para luego alcanzar una confluencia entre los intereses de los distintos actores privados y públicos. En segundo lugar, hallamos la dificultad de lograr la pluritemporalidad, en la medida en que, inexorablemente, debe haber articulación entre los planes de corto, mediano y largo plazo. En tercer lugar, la planificación debe encontrar el diálogo y el equilibrio entre los distintos sectores de la economía para alcanzar un desarrollo balanceado en varios frentes. Por último, debe perseguirse la coordinación tanto a nivel nacional –entre las distintas entidades estatales planificadoras– como a nivel regional e internacional, pues debe haber una armonía entre los planes nacionales y, a la vez, entre estos y la planificación supranacional.

También consideramos imprescindible fortalecer la evaluación de los procesos de planificación como una función necesaria para verificar los resultados de la implementación de un plan. En general, los planes de desarrollo de América Latina y el Caribe no contemplan un proceso de monitoreo y retroalimentación detallado, posterior a su ejecución. Esta tarea debe cumplirse con total rigurosidad y transparencia para efectos de evaluar la elaboración del plan, la implementación de sus estrategias y el alcance de los objetivos propuestos.

Luego de calificar todos los aspectos relativos al plan, surgen nuevos problemas jurídicos por resolver, atinentes a la observancia del mismo. Cabe entonces preguntarse si el plan es vinculante, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica, y también se cuestiona si en cabeza de la sociedad civil existen los derechos al mantenimiento y al cumplimiento del plan y si, en caso de modificación o incumplimiento del mismo, habría lugar a la indemnización por los daños causados; reparación que surgiría del denominado “derecho a la garantía del plan”¹²⁰.

Adicionalmente, cabe reiterar la necesidad de implementar la planificación a largo plazo en nuestra región. Este problema tiene diversas fuentes: por una parte, a nivel nacional, existe una arraigada tendencia cultural a pensar y actuar en términos de corto plazo, y dicha actitud se refleja en la planificación; por otra parte, los ejercicios prospectivos han sido objeto, en su mayoría, de la investigación académica y no del quehacer público¹²¹; por último, si bien se aplaude el número creciente de países que han implementado herramientas de planificación de largo plazo, aún queda un largo camino por recorrer para lograr una efectiva coordinación entre tales instrumentos y los objetivos y las estrategias adoptadas en la perspectiva del corto y el mediano plazo.

En virtud del desafío que implica cambiar nuestro estilo de desarrollo económico por un modelo de desarrollo sostenible y social, consideramos que la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” representa una oportunidad inigualable para que, a nivel global, las naciones dirijan su actuación estatal hacia un concepto de desarrollo común y, con base en este norte, puedan redirigir y renovar la gestión pública alrededor de la planificación. “La Agenda 2030 ofrece una imagen posible de la visión deseada del futuro del mundo. Corresponde ahora a cada país adaptar esta imagen a su realidad, y a las prioridades y aspiraciones de su sociedad”¹²². En consecuencia, cada nación tiene la tarea imperativa de reducir la brecha existente entre los instrumentos adoptados para la implementación de la Agenda 2030 y el real cumplimiento de los ODS.

Para terminar, consideramos oportuno remitirnos a la premisa introductoria de este escrito, según la cual la planificación dotó al hombre de un poder de control sobre el futuro. Dicha idea es tan cierta como peligrosa. El riesgo reside en que esta figura puede hacer sentir al hombre como dueño del porvenir, pero este no puede olvidar que, si bien planificar implica aplicar un método de racionalización a su acción, toda técnica social tiene una posibilidad limitada de racionalidad¹²³. Como muestra de lo anterior, basta con avizorar el panorama global actual. La redacción de estas páginas se hace en el marco del confinamiento obligatorio en la ciudad de Bogotá con ocasión de la Covid-19, declarada como pandemia por la OMS, la cual se propaga de forma exponencial en todos los rincones del país y del mundo. La afectación de la economía por el virus es un hecho notorio y también lo es su implicación frente a la planificación.

Este, precisamente, es un vivo ejemplo de una fuerza mayor para todos los Estados, tanto así que ningún plan a nivel mundial estuvo en condiciones de prever este panorama y, mucho menos, implementar estrategias para mitigar, si es que no bloquear, los efectos del virus antes de su planetaria expansión. La realidad actual nos recuerda fría y duramente nuestra vulnerabilidad y el carácter absolutamente falible de toda actuación humana. En ese sentido y en virtud de la imposibilidad de considerar la totalidad de aspectos relevantes relativos a un plan, el ente planificador, lejos de actuar en condiciones de certeza, debe basar su tarea en la incertidumbre, propia del quehacer humano. Esto implica aceptar rotundamente el posible fracaso de un plan, lo cual nunca debe ser razón suficiente para que el hombre renuncie a construir un futuro deseable y posible por medio de la planificación.