Читать книгу Derecho y energías renovables - Germán Valencia Martín - Страница 58

La minería del carbón española ha padecido tradicionalmente serios problemas de competitividad que han hecho de ella una industria necesitada de apoyo público. Desde nuestro ingreso en las Comunidades Europeas esos problemas no hicieron sino agudizarse por la necesidad de acomodarnos a unos marcos de ayudas de Estado cada vez más restrictivos y tendentes, en principio, a la sola subsistencia de las explotaciones rentables, hasta llegar al último, aprobado en 2010, que obligaba a los Estados miembros a inscribir las unidades de producción beneficiarias de ayudas en un “plan de cierre” y a proceder a la recuperación de las ayudas concedidas en todo este último periodo en caso de continuación de la explotación más allá del 31 de diciembre de 201892.

Durante la vigencia de los sucesivos marcos comunitarios de ayudas al sector se ha venido produciendo de manera gradual el cierre de explotaciones mineras de carbón (para el cual no es necesaria, a diferencia de lo que luego veremos en relación con las instalaciones de generación de energía eléctrica, ninguna autorización sustantiva), consumado ya de modo definitivo con el último marco aprobado en 201093.

El “plan de cierre” aprobado por el Reino de España en 2013 incluía 26 unidades de producción pertenecientes a 15 empresas94, y en vísperas del vencimiento del plazo indicado (en octubre de 2018), seguían tan sólo en activo 12, pertenecientes a 8 empresas, localizadas todas ellas en determinadas comarcas de Aragón (Teruel), Asturias y Castilla y León (León y Palencia)95. Al parecer, algunas de estas empresas pretendían mantener en funcionamiento sus unidades de producción, procediendo a la devolución de las ayudas recibidas, pero el proyectado y concomitante cierre de las térmicas que constituían su clientela, al que ahora nos referiremos, les hizo desistir de esa intención inicial96. Posiblemente, no había, pues, en España, a 1 de enero de 2019, con anterioridad por tanto a la presentación del borrador de la Estrategia de transición justa, ninguna explotación minera de carbón en activo, tratándose así en este caso en sentido estricto del enfrentamiento de un problema consumado97.

Durante todos estos años, y al compás de los sucesivos marcos comunitarios de ayudas, se habían venido adoptando ya en España distintas medidas de fomento tendentes a la reactivación económica de las comarcas afectadas, a las que más adelante haremos una referencia más cumplida98, pero nunca con suficiente éxito, por lo que no se trataba sólo de un problema consumado, sino sin resolver y digno por ello de inclusión en el mencionado plan de acción urgente.