Читать книгу Régimen disciplinario castrense - José Miguel González Reyes - Страница 31

Con Felipe V (1700–1746), se inicia en España una actividad administrativa centralizadora reorganizando los ejércitos y promoviendo el aumento del control real158. Por una Real Cédula de 1704 se creó en España el cuerpo de oficiales sobre el esquema nacido en Prusia y seguido en Francia por Luis XVI159.

En el reinado del primer rey de la dinastía borbónica se dictaron varias ordenanzas relativas al régimen militar (1701, 1704, 1716, y 1728) dos de ellas de clara incidencia en el aspecto disciplinario. La primera, en Bruselas de 18 de diciembre de 1701, pasó a ser conocida como las segundas de Flandes siendo de clara inspiración francesa160.

En ella, se instaura para los regimientos los Consejos de Guerra161, regulando el tratamiento de la subordinación y disciplina de las tropas, su fuero, desertores, revistas, castigo para las plazas supuestas, asistentes, duelos, desafíos y casamientos de oficiales y soldados162. Su justificación, la encontramos en la primera de sus reglas o artículos cuando dispone que “no pudiéndose contener las tropas en una exacta obediencia y disciplina militar, sino por una justicia pronta por las largas de los procesos, que se han hecho hasta ahora, que han motivado en que los crímenes hayan quedado sin castigo (…) y siendo nuestra intención de que los oficiales en adelante respondan de ello, y pueden contener a los Soldados de su regimiento o Tercio en su obligación, hemos dado y concedido, como damos, y concedemos por esta el Consejo de Guerra a todos los Tercios y regimientos de nuestras Tropas así de Infantería y Caballería y Dragones de cualquier nación española, italiana, Valona o tal otra que pudiera ser para juzgar de todos los crímenes y delitos militares, y castigarlos por las penas en la forma y manera que queda aquí abaxo reglado”.

El Consejo de Guerra solamente podía conocer y decidir en causas contra soldados, sargentos y clases de tropa de infantería, caballería y dragones por crímenes y delitos militares. En los procesos contra oficiales por crímenes y delitos militares y comunes, eran competentes los tradicionales juzgados de guerra163. Así, por un lado, podía ser considerado como Consejo consultivo equivalente a un Consejo de Estado castrense; por otro, como un órgano jurisdiccional integrados por oficiales que ejercen a un tiempo mando y jurisdicción sobre sus soldados, en un sistema de escabinato marcial muy acorde con los postulados de las tesis francesa de que es necesaria, para el mantenimiento de la disciplina militar, el temor del Soldado al oficial, al concurrir en éste la potestad de mando y el ejercicio de la jurisdicción (autoridad judicial)164.

Con posterioridad, se dictó la Real Ordenanza de 12 de julio de 1728 para la Infantería, Caballería y Dragones, que constituye el perfeccionamiento técnico de las anteriores siendo publicadas en plena guerra de sucesión al trono, creando el Consejo de Rebeldía por la que declarada la contumancia, se condenaba al reo y se elevaba al rey la causa original; de ser aprendido el condenado debía sufrir la pena de deserción, aunque por el delito principal no se le hubiera impuesto la última pena.

El 15 de noviembre de 1737 se desarrollaron las Ordenanzas que se han venido en llamar del Infante almirante. Aunque más importante fueron las Ordenanzas de la Armada de 1748 que han sido calificadas por la doctrina como la primera legislación militar propiamente dicha que ha habido en España165.

A la casa de Borbón –señala De Querol– se debe el mérito de la publicación de admirables Ordenanzas generales militares y navales españolas del siglo XVIII, que han conquistado el calificativo de “sabias, que es bello lenguaje y con acierto soberano encierran los principios fundamentales de la disciplina y el honor militar, y que, después de doscientos años de vigencia, conservan aún su lozanía”166.