Читать книгу Estudios en homenaje al profesor Luis María Cazorla Prieto - Luis Cazorla González-Serrano - Страница 241

Hasta el momento hemos señalado algunos aspectos de la normativa y del actuar administrativo que son necesarios para la implantación de la relación cooperativa. Pero la entrada al modelo también exige que el obligado tributario cumpla con determinados estándares de transparencia y gestión del riesgo.

En este sentido, los Códigos de Buenas Prácticas Tributarias (en adelante, CBPT/CCBPT) de las grandes empresas y de profesionales tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT), perfeccionan la normativa tributaria en la recíproca relación de cooperación entre la AEAT y los sujetos que los suscriban. Ahora bien y en nuestra opinión, ambos presentan un contenido excesivamente amplio, por lo que, además de adherirse a ellos, se hace necesario la implantación de un Manual de Buenas Prácticas Tributarias (tax compliance), y con dos tipos de medidas .

Las primeras, de carácter más general y que podemos englobar bajo la denominación de “gestión del riesgo tributario”. Las segundas, tendentes a evitarlo o minimizarlo en situaciones particulares, ya sea en relación con la aplicación del Sistema tributario o con determinadas de sus figuras en especial.

En esta línea, la Asociación Española de Normalización (en adelante, UNE), a través del Subcomité Técnico CTN 307 SC2 “Compliance tributario” (que preside quien escribe estas líneas), ha redactado la norma UNE 19602 como un estándar para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios, por lo que se podrá certificar la aplicación del Manual que proponemos, aunque puede cumplirse la norma sin su existencia.

La norma UNE 19602 tiene una doble finalidad. De un lado, da pautas para implantar un sistema de cumplimiento y, en caso de producirse riesgos, facilita la creación de mecanismos de detección y corrección, así como pautas de aprendizaje para evitarlos en el futuro.

De otro, la certificación de acuerdo con la norma UNE 19602, puede ser un elemento de prueba para demostrar, ante la Administración o los Tribunales, la voluntad de la organización de cumplir con sus obligaciones (ejemplo: expedientes sancionadores).