Читать книгу Anuario de Derecho Administrativo sancionador 2021 - Manuel Rebollo Puig - Страница 23

Sentado que sólo hay sanción si el mal impuesto por la Administración es la consecuencia de una conducta ilícita y que conforme a ello quedan fuera del Derecho Administrativo sancionador una amplia panoplia de normas y actos, hay que añadir de inmediato que eso no es suficiente: infinidad de decisiones judiciales comportan un perjuicio a consecuencia de una conducta ilícita y no son penas (como sucede, entre otras muchísimas, con las medidas de seguridad del CP o las condenas a indemnizar por responsabilidad contractual o extracontractual); e infinidad de actos administrativos entrañan un perjuicio a consecuencia de una conducta ilícita y no son sanciones. O sea, que los dos elementos que llevamos expuestos, aunque estén conectados entre sí como causa y efecto, no son suficientes para afirmar que se esté ante un castigo, ante una pena, ante una sanción administrativa. Más incluso: puede que el presupuesto de hecho no sea sólo genéricamente una acción ilícita sino más exactamente una conducta tipificada como infracción (o como delito) y que pese a ello no sea un castigo. Y, yendo todavía más lejos, puede que el presupueto de hecho sea que ya se ha impuesto un castigo (sanción administrativa o pena) pero que el mal adicional infligido como consecuencia no sea una nueva sanción63. En definitiva, para que haya sanción administrativa es necesario algo más que la imposición por la Administración de un mal a consecuencia de una acción antijurídica. Eso que falta a los elementos analizados es el carácter retributivo.