Читать книгу Estado y Mercado - Adolfo Menéndez Menéndez - Страница 24

A lo largo de la historia, el sector público ha participado en los mercados con objeto de acercar la asignación realizada directamente por el mercado al óptimo social a través de distintas intervenciones. En presencia de monopolios naturales, la intervención pública se llevaba a cabo a través de la producción de bienes públicos por parte de la administración. Posteriormente ésta tuvo lugar a través de empresas estatales, especialmente en los sectores denominados de redes. No obstante, la acción pública ha pasado gradualmente de la producción directa a la regulación sectorial y, en paralelo, se han abierto a la competencia sectores que antes se caracterizaban por ser monopolios públicos. En este caso, se ha producido un significativo avance por parte de muchos de los gobiernos proporcionando marcos regulatorios que apoyen los mercados competitivos. Sin embargo, los gobiernos o las regulaciones no carecen de fallos. Las elevadas trabas administrativas o las deficiencias en los mecanismos de coordinación y control que terminan favoreciendo a determinados grupos de interés en lugar de a los usuarios de servicios públicos y contribuyentes, constituyen importantes costes para la sociedad.

Los esfuerzos de las instituciones de la Unión Europea por completar el mercado único han requerido la progresiva liberalización de los sectores de servicios públicos, antes dominados por monopolistas nacionales, además de la creación de entidades reguladoras independientes para promover la competencia. De este modo y, puesto que la regulación persigue objetivos mucho más ambiciosos que los que se pretendían con las nacionalizaciones, las privatizaciones han tendido a fortalecer, en lugar de debilitar, la capacidad reguladora del Estado. El inicio de los programas de privatización coincidió con la consolidación del Mercado Único sin olvidar la posición de Europa en un mundo globalizado, en el que la competencia internacional estimula las reformas en pro de la competitividad. En este punto es interesante recordar el llamado trilema, que con respecto a la globalización planteaba RODRIK (2011), muy presente de nuevo en estos tiempos. Según el autor, las sociedades habrán de elegir entre una integración económica supranacional, la democracia plena y la capacidad propia o soberanía nacional como Estado, puesto que resulta incompatible combinar estos tres componentes de forma simultánea. La solución radicaría, en este caso, en delimitar o bien la globalización o la democracia o, globalizar la democracia.

Puesto que la regulación influye en las decisiones de inversión e innovación a través de la entrada y salida de empresas, así como sobre la reasignación de recursos del capital y del trabajo en las unidades productivas y en los sectores comerciales, la regulación de calidad puede contribuir a aumentar la producción per cápita a través de la inversión y del empleo, y puede ayudar a reducir la desigualdad de ingresos. En Europa muchos países de la UE han mejorado significativamente sus prácticas de gestión regulatoria durante la última década.

Del mismo modo que evoluciona la sociedad, también las transformaciones deben de producirse en el ámbito de las políticas económicas. Así está ocurriendo en la política monetaria con el debate reciente sobre su objetivo último o con la intensa utilización de mecanismos no convencionales de inter-vención en los mercados financieros. Esta evolución también es muy evidente en el ámbito de la política fiscal, donde rigen la discrecionalidad o el estricto cumplimiento de las reglas fiscales en función del contexto económico y evolución de las variables económicas fundamentales. Por lo tanto y, en paralelo, la flexibilidad es un elemento deseable que debería regir los criterios económicos en los que se fundamenta una regulación moderna, adaptada a los tiempos, y que ofrezca igualdad de condiciones para todos los partícipes en el mercado y criterios de equidad y justicia.

En el contexto de la actual crisis económica y sanitaria se ha intensificado la intervención del Estado para conservar el nivel de empleo, sostener la capacidad empresarial y mantener la actividad económica durante la crisis. En esta ocasión, la intervención del Estado y de las instituciones públicas se está produciendo de una manera masiva; no sólo manteniendo rentas y garantizando la financiación empresarial, también mediante la intervención de los bancos centrales y la compra de deuda privada, con los grandes contratos de compras públicas muy recientes, el rol reciente de los Estados para el reparto de fondos europeos, la entrada de los Estados en el capital de empresas, incluso suspendiendo el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas o prohibiendo la admisión a trámite de las solicitudes de concurso de acreedores.

También debe mencionarse que en los últimos años, y derivado de las duras implicaciones sociales de la crisis, del mismo modo que se está revisando el papel del Estado y su interacción en el mercado, también se viene produciendo una revisión y evolución del papel del empresario y de la empresa en el conjunto de la sociedad. De esta forma, la actuación y la finalidad del empresario no debiera responder únicamente al corto plazo y al criterio de maximización de beneficios, sino que, cada vez más, debiera incluir también objetivos relacionados con la responsabilidad social corporativa, con el mantenimiento del empleo, la implicación en el desarrollo local y la sostenibilidad medioambiental, como variables generadoras de valor añadido. Y así se viene poniendo de manifiesto desde diversas instancias empresariales, inicialmente en Estados Unidos y gran parte de su tejido productivo más innovador, así como desde las organizaciones económicas internacionales.

La recuperación está sometida a importantes riesgos derivados de los efectos de carácter estructural que está provocando la crisis. Existe asimismo el riesgo de estar destinando recursos públicos a mantener a flote empresas insolventes, de forma artificial, a través de los diversos programas de apoyo. Por otro lado, la crisis actual ha acelerado y amplificado las grandes transformaciones que se venían produciendo en los últimos años, como es el fuerte impulso a la digitalización. Pero tendremos que esperar a que desaparezca el “velo” creado por las políticas fiscales y monetarias ultra expansivas en curso para determinar el profundo cambio estructural que se está produciendo.

Si bien existe un consenso generalizado sobre la necesaria relajación fiscal actual y la fuerte participación del Estado en la economía, esto no es contradictorio con que, por el lado del gasto, las medidas han de ser cada vez más selectivas y enfocadas a los sectores más afectados por la crisis y tener un carácter temporal, que puedan ir retirándose progresivamente. Además, frente a los abultados déficits previstos y perspectivas de evolución de la ratio de endeudamiento público, sería necesaria la presentación por parte de los Estados de planes de reequilibrio, que establezcan las directrices para recuperar la senda del equilibrio fiscal en los próximos años.

Por todo ello, el debate sobre el papel del Estado en la economía, la calidad de esta participación, del gasto público y de la regulación, cobran más importancia aún si cabe por su influencia sobre la actividad del sector privado, su impacto sobre la productividad, la capacidad de producción de un país y sobre el PIB potencial.