Читать книгу Justicia digital, mercado y resolución de litigios de consumo - Fernando Esteban de la Rosa - Страница 49

Es innegable que la incorporación de la tecnología en la administración de la justicia requerirá mucho tiempo e inversión. De hecho, su integración deberá hacerse de manera paulatina, y mediante evaluación rigurosa de las experiencias y fases piloto. Es, por lo tanto, conveniente llevar a cabo la digitalización de manera gradual y sostenida en el tiempo, expandiéndose en la medida que el proceso en línea ha probado ser satisfactorio y sometiéndose a procesos de mejora continua en función de la experiencia de los usuarios.

Este capítulo ha examinado el uso de la tecnología en la resolución de controversias de consumo en Inglaterra, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el de la resolución alternativa de conflictos. A tal fin, hemos abordado el nuevo Juzgado Online que actualmente opera de manera piloto e incorpora negociación en línea y mediación telefónica en su procedimiento. También hemos explicado el funcionamiento de dos tribunales ingleses que están parcialmente digitalizados: el Tribunal de Multas de Tráfico y el proyecto piloto del Tribunal de la Seguridad Social. Con respecto a los ADR de consumo, este capítulo analizó los dos procesos principales, la adjudicación y el modelo ombudsman, y ha notado la importancia del diseño y el rol de la tecnología como herramienta para canalizar el conflicto.

La incorporación de la tecnología ODR en el proceso de resolución de conflictos nos brinda una oportunidad para cuestionar y volver a pensar en la manera en que los juzgados y las entidades ADR pueden incrementar el acceso a la justicia a la vez que se logra una mayor eficiencia. Entre las claves de un proceso ODR exitoso está el uso de una plataforma ODR intuitiva que sea manejable para las partes, procesos que están dirigidos por terceros neutrales independientes, resoluciones rápidas, económicas y cuyo acatamiento esté garantizado por el sistema (como es el caso de los juzgados y tribunales), o bien acompañado de incentivos que garanticen el cumplimiento de las decisiones (como es el caso de la adjudicación y el modelo ombudsman).