Читать книгу Ernest Lluch - Joan Esculies - Страница 24

Ante las medidas tomadas por el régimen a raíz de la Capuchinada, unos setenta penenes —entre los que se hallaban los hermanos Lluch— pidieron la destitución del rector y el sobreseimiento de las sanciones. Lo hicieron por medio de una carta y un telegrama dirigidos al ministro. En ella decían —autoinculpándose, aunque en el caso de Ernest no era cierto— que habían asistido a la Capuchinada y contribuido en la redacción de los documentos del Sindicato Democrático de Estudiantes.

En lugar de valorar la petición, la respuesta inmediata de las instancias franquistas fue designar un juez instructor, el rector de la Universidad de Murcia, Manuel Batlle Vázquez, y expedientar a los sesenta y nueve profesores y a los seis catedráticos firmantes. Para ello se ampararon en el criterio sancionador de una antigua normativa según la cual, cuando se pedía reemplazar a una autoridad, lo primero que había que hacer era dar cuenta de aquello que se pretendía cambiar.[165]

Es decir, no se les expedientaba por pedir la destitución del rector, sino, con una argucia jurídica, por no entregar el telegrama con las firmas a su superior —el propio García-Valdecasas—, que era tal como administrativamente correspondía hacerlo antes de dirigirlo al Ministerio.[166]

El expediente de correcciones disciplinarias a profesores y alumnos de la Universidad de Barcelona, del 13 de septiembre de 1966, le impuso a Ernest, entonces ayudante de la Facultad de Económicas, la separación de dos años de la universidad, la menos dura de las sanciones por falta grave previstas por el Reglamento de Disciplina Académica del 8 de septiembre de 1954.

La retirada de la venia docendi significaba que durante ese tiempo no podría ejercer como profesor en la Universidad de Barcelona al considerarse que había cometido el delito de estimular manifestaciones hostiles y de insubordinación a la autoridad.

Lo mismo le ocurrió a Obiols, ayudante de la Facultad de Ciencias; a Bohigas, encargado de curso de la Escuela Superior de Arquitectura; a Enric Lluch, adjunto provisional de la Facultad de Filosofía y Letras, así como a Josep Termes; a Solé Tura, ayudante de la Facultad de Derecho; a Josep M. Bricall, adjunto también en esta última, y a Jacint Ros Hombravella, Josep Fontana y Ramon Gabarrou, ayudantes de la Facultad de Económicas. A otros se les inhabilitó durante dos o tres años para cursar estudios o fueron amonestados públicamente, mientras que algunos alumnos fueron expulsados a perpetuidad.

La cuestión, sin embargo, acabó siendo más grave. La disposición de la separación del servicio de profesor no numerario por dos años se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de septiembre de 1966. Pero tan solo cinco días antes se había dictado y publicado en el BOE una norma según la cual no podían ser propuestos como ayudantes o encargados de curso aquellas personas que, ejerciendo como tales, hubieran sido objeto de sanción académica en el mismo distrito universitario.

El plato estaba perfectamente cocinado, ya que ello implicaba, de manera muy malévola, que los dos años de suspensión eran, de hecho, indefinidos. A quien se le apartaba de la universidad se le cerraba el paso para volver más tarde. Lluch, que se había inscrito en el concurso-oposición a profesor adjunto de Política Económica, vio de pronto que no podría presentarse, simplemente porque en la Universidad de Barcelona ya no tenía futuro.[167]

Esta situación inesperada dio un giro a la vida de Lluch, que se vio abocado a la expulsión de la facultad. Este hecho le decidió a aceptar el encargo que se le hacía desde el sur. «¡Por fin, Lluch ha dado señales de vida!», decía Fuster. En efecto, el 23 de septiembre visitó Sueca. Allí, junto con Vicent Ventura, se hilvanó la idea de un libro que llevaría por título L’estructura econòmica del País Valencià («La estructura económica del País Valenciano»).[168]

El periodista Juan José Pérez Benlloch, un año mayor que Lluch, puso en marcha el proyecto como secretario del consejo de redacción de la entidad denominada Economía y Sociedad de Valencia. A través de este encargo, que financió el Banco de Valencia, Lluch entró en contacto con el político y empresario valenciano Joaquim Reig y con el promotor cultural Adolf Pizcueta. La elaboración del libro sería lenta, pero cuando estuviera listo marcaría un antes y un después tanto para el territorio como para Ernest.[169]

Como es lógico, la disposición del BOE causó un importante alboroto. El 26 de octubre de 1966, en el vestíbulo de la Facultad de Derecho tuvo lugar un «acto contra la represión» convocado sin el permiso correspondiente y al que asistieron unas dos mil personas para protestar contra las sanciones impuestas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Ernest habló en dicho acto, lo que sirvió para darle aún más notoriedad. También lo hicieron Pere Comas, Albert Puigdomènech, el abogado Maurici Serrahima, el filósofo Jordi Maragall —promotor de los valores democráticos y catalanistas y padre del futuro alcalde de Barcelona— y el doctor Joan Colomines.[170] Un mes después detuvieron a Lluch. Este intentó justificarse diciendo que pensaba que se contaba con el visto bueno de la facultad porque se había hecho propaganda del acto. Pero este argumento no le sirvió de nada.

El Tribunal de Orden Público le pidió seis años y un día por un delito de reunión no pacífica tras un proceso que le llevó a declarar, en marzo de 1967, a Madrid, junto con el resto de los oradores. Les defendieron Benet, Gregorio Peces Barba y Tomàs Roig Llop, padre de la escritora en ciernes Montserrat Roig. Ernest y el resto de los encausados por el acto de la Facultad de Derecho fueron absueltos.[171]

El hecho de que siempre saliera Benet en su biografía no era baladí. Salía en la de muchos. Con él, además, hacía pocos meses que Ernest formaba parte de una comisión técnica que presidía el dirigente católico, profesor de Lengua y Literatura Hispánicas, presidente de Pax Romana y auditor laico del Concilio Vaticano II, Ramon Sugranyes de Franch, íntimo de Tarradellas, para intentar resolver un conflicto de intereses entre la Iglesia y unos campesinos que se habían constituido en grupo sindical. Se intentaba solucionar un conflicto de propiedad en Lleida.[172] Ernest, como buen agitador, también estaba presente en todos los frentes.

A raíz de la expulsión, su hermano Enric estuvo casi dos años sin trabajo, hasta que en 1968 le encargaron la creación del departamento de Geografía de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, que por aquel entonces estaba en sus inicios. Durante aquel tiempo, su esposa, Montserrat Galera, fue la que tuvo que sacar adelante a la familia, es decir, a sus cuatro hijos.

Enric empezó a trabajar casi gratis. De hecho, era tan ortodoxo en sus planteamientos que no opositó nunca a ninguna plaza en la universidad y toda la vida fue profesor no numerario. Era un rara avis cuyos méritos para ocupar una cátedra todo el mundo reconocía.

Se presentaba, sin embargo, como un rebelde del protocolo legal para la promoción universitaria, un rasgo contrapuesto a Ernest. No creía que un tribunal tuviera que juzgar sus conocimientos. Tampoco quería jurar los principios del Movimiento. Su antifranquismo era tal que, aunque no tenía carné de conducir, en su casa compraron un Citroën 2CV porque consideraba que la Seat era la fábrica de Franco.

Enric se convirtió en un profesor de geografía muy destacado y reconocido.[173] Desempeñó un papel clave en la renovación de este ámbito: constituyó un puente entre la escuela geográfica de antes de la guerra civil y las generaciones que empezaron a estudiar en los años sesenta. Fue el introductor de las corrientes de la geografía moderna, preocupado por la docencia y la divulgación de esta última.

Para él, la geografía era un instrumento para la conciencia ciudadana, lo que conectaba con la visión de su hermano sobre este último concepto. Según Enric, la geografía tenía un carácter instrumental y no solo servía para comprender la realidad, sino para transformarla en beneficio de la colectividad.[174]

Los hermanos Lluch encontraron la manera de proseguir su andadura académica. El caso de ambos, sin embargo, fue paradigmático de cómo el régimen franquista perdió su dominio, control e influencia en la universidad. El hecho de que Ernest lo constatara en Serra d’Or en el artículo «Estrictament universitari» («Estrictamente universitario») fue la causa de que la dirección general de prensa abriera un expediente administrativo sancionador a dicha revista. El Monasterio de Montserrat tuvo que afrontar la responsabilidad moral y económica derivada de ello.[175]

«Las ganancias —arrancaba el texto— alcanzadas por los movimientos estudiantiles de los últimos años han sido notables, y casi nadie negará que ya constituyen unas conquistas irreversibles». A continuación se hacía eco de una carta de los estudiantes de Económicas dirigida a catedráticos y profesores en la que mostraban su decepción porque los nombres de los futuros catedráticos ya circulaban antes de que se celebraran las oposiciones.

«Desde un punto de vista estrictamente universitario —insistía Lluch—, la relación entre el exceso de autoridad, el bajo nivel y el atraso científico siempre es muy significativa». Citaba a Keynes para argumentarlo: «Una frase del economista británico dice: “Los maniáticos de la autoridad, que en todas partes ven fantasmas...”», y se quejaba de que, como las cátedras eran vitalicias, el problema era doblemente grave.

No es de extrañar que el régimen se inquietara con motivo de sus palabras. Ernest era la constatación de que el franquismo había fracasado estrepitosamente en lo referente a ganarse las mentes y los corazones de los jóvenes estudiantes universitarios. Esta fue su derrota más sonada durante sus cuarenta años. Pronto la generación de Lluch pilotaría el camino hacia la democracia.