Читать книгу Evaluación de procesos: una mirada crítica y propositiva de la situación de la política e instrumentos de Ordenación del Territorio en España - Joaquín Farinós Dasí - Страница 17

Con el Estado de las Autonomías, tanto si hablamos de OT como si lo hacemos de políticas de desarrollo económico, desde la pasada década de los años ochenta la administración regional tiene reconocidas las competencias y asume un papel destacado en estas materias. Ambas materias aparecen en la lista del artículo 148, en el Título VIII de la Constitución Española; esto es, materias que le corresponden a una Comunidad Autónoma tan pronto se aprobara por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica su correspondiente Estatuto de Autonomía. Pero, como ya hemos indicado en la introducción de este capítulo, existe una clara diferencia entre ambos campos de la intervención pública: mientras que en el caso de la OT se trata de una competencia exclusiva4, las intervenciones de las CCAA dirigidas a promover el desarrollo económico regional quedan enmarcadas necesariamente dentro de la política económica de carácter estatal, una política que sí es competencia principal no transferible del Gobierno de España (art. 149.1 de la CE). Por tanto, se trata de actuaciones públicas bien distintas en cuanto a la forma de operar desde el punto de vista competencial. En el primer frente, se abre la puerta a la asunción de competencias en materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, así como también en otros asuntos estrechamente vinculados a esta como son las infraestructuras de comunicaciones dentro del territorio autonómico o la gestión del medio ambiente. Unas competencias exclusivas en el caso de la OT, pero compartidas en el de las infraestructuras y la gestión ambiental. En el segundo frente, se habla del “fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional”, así como de algunas políticas sectoriales estrechamente vinculadas con este objetivo más general5. Esto se traduce en la adopción de un conjunto de políticas y programas dirigidos a mejorar la base productiva regional y las oportunidades laborales generadas, así como a avanzar en el bienestar económico de la población.

Lógicamente, la necesidad de adoptar intervenciones públicas a escala regional en ambos frentes obliga a dotarse de estructuras encargadas del diseño y la ejecución de las mismas. De este modo, los gobiernos regionales definen el catálogo de Consejerías y departamentos que consideran más adecuado, algo que se va redefiniendo con el paso del tiempo. Unas estructuras en las que, por lo general, la OT ha quedado relegada a un segundo plano (habitualmente combinada con otras materias responsabilidad de una misma Consejería), reflejo de la falta de protagonismo de la misma, como se ha analizado en trabajos previos (por ejemplo, Farinós et al., 2017). A su vez, los gobiernos autonómicos, cuando lo consideran oportuno, apuestan por la conformación de espacios subregionales con los que ajustar las intervenciones públicas a la diversidad interna de cada comunidad autónoma. Todo esto obliga a dedicar un cierto esfuerzo a mejorar las distintas aristas de la coordinación que, desde la perspectiva de las CCAA, serían las siguientes: i) la coordinación vertical hacia arriba, con la Administración General del Estado; ii) la coordinación horizontal entre los distintos departamentos que tratan políticas y asuntos estrechamente interconectados (como por ejemplo la OT y la gestión del medio ambiente); iii) la coordinación vertical hacia abajo, con los niveles inferiores de gobierno, los gobiernos locales, tratando de dotar de coherencia a las políticas que confluyen en los espacios subregionales significativos desde una perspectiva socioeconómica; y iv) la coordinación con los actores no públicos que ostentan cierta relevancia en los procesos socioeconómicos objeto de intervención, concretamente la OT y el desarrollo económico en este caso.

Las diecisiete CCAA han acabado asumiendo responsabilidades en las dos materias a las que nos estamos refiriendo, además de haberse dotado de las estructuras que han considerado más adecuadas y de haber afrontado el reto de la coordinación con más o menos fortuna6. Pero esto no significa que el resultado alcanzado y las políticas desarrolladas sean similares en todas las CCAA. Al contrario, factores como i) las peculiaridades de la estructura socioeconómica de cada una de ellas, y ii) la capacidad de decisión (la autonomía real derivada de una financiación adecuada), junto a las capacidades de los responsables técnicos y políticos, marcan las diferencias a la hora de encarar los retos que tienen planteados en estos frentes (OT y desarrollo económico). Son dos elementos que llevan a diseñar estrategias particulares en cada caso que no siempre resultan coincidentes, de modo que el proyecto que finalmente acaba imponiéndose es único y específico de cada región y de cada momento en el tiempo. Se genera pues una diversidad de políticas y resultados en cada espacio regional. Y esto no es incompatible con la existencia de procesos de imitación entre CCAA, en unos casos, o de emulación y aprendizaje a través de foros de debate y de encuentro como las conferencias sectoriales, o bien las reuniones más informales entre responsables autonómicos de la OT, en otros, como destaca Farinós (2019)7.

A su vez, todo lo anterior se completa con la influencia que ejercen proyectos e iniciativas de las instituciones comunitarias o de organismos internacionales sobre las políticas autonómicas de OT y de desarrollo regional. Del mismo modo, cambios de color político en los gobiernos regionales también tienen un impacto claro sobre la voluntad política y sobre el proyecto de gobierno, lo que acaba afectando directamente a las políticas que estamos analizando, generando diferencias tanto entre las políticas de las distintas CCAA como en las que una misma autonomía define en distintos momentos del tiempo (Farinós et al., 2018 y 2020).