Читать книгу Evaluación de procesos: una mirada crítica y propositiva de la situación de la política e instrumentos de Ordenación del Territorio en España - Joaquín Farinós Dasí - Страница 28

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1. Un buen ejemplo de ello fue la iniciativa legislativa popular que pretendía una Ley de protección de la Huerta de Valencia, paralizada en las Cortes valencianas bajo el pretexto de la formulación de una nueva Ley (la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, hoy derogada), pero que, ante el éxito que supuso recoger más de 100.000 firmas, daría lugar a la aparición de la asociación “Per l’Horta” en 2001. Es vista como el germen de un cambio de percepción sobre el modelo de desarrollo basado en la especulación inmobiliaria, que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 fue campo abonado para provocar un cambio de gobierno tras las elecciones de 2015. Un cambio que, según Montiel y Guillén (2019), parece explicarse más por esta redefinición de la narrativa ciudadana que por los méritos de los partidos que hasta entonces estaban en la oposición y que acabarán gobernando.

2. La ideología proclive al cambio es necesaria (Tomás Carpi i Sánchez Andrés, 2017), luchando abiertamente contra los contra-reformistas, como por ejemplo en la lucha contra la descarbonización por parte de las grandes industrias e intereses petroleros y gasísticos.

3. Los autores que estamos siguiendo establecen que la interrelación entre la tecnología, los actores y las instituciones son claves en los cambios socio-técnicos. Haciendo una transposición al problema que aquí nos ocupa, cuyo telón de fondo es el logro del desarrollo sostenible, la OT podría jugar hasta cierto punto el papel de la tecnología.

4. Lo que se vio reforzado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 que impedía a la AGE hacer un Plan Nacional (como se preveía en las leyes del Suelo de 1975 y 1992, una ley esta última que fue impugnada ante dicho Tribunal, lo que motivó dicha sentencia del Tribunal Constitucional como es bien conocido).

5. Algunas recogidas explícitamente en el citado artículo 148 CE, como por ejemplo agricultura, turismo o protección del medio ambiente; otras incluidas en los Estatutos de Autonomía como cesión de competencias propias de la Administración General del Estado; por ejemplo, la cesión de la gestión de las políticas activas de empleo.

6. Más arriba hemos subrayado las debilidades en las estructuras desde la perspectiva de la OT, a lo que ahora podemos añadir que en este mismo campo de la OT es donde más deficiente es la coordinación entre CCAA, como ha subrayado Farinós (2018 y 2019).

7. Lamentablemente, la Conferencia Sectorial de Infraestructuras y Ordenación del Territorio se ha demostrado inactiva desde su creación en 1993, lo que la convierte en firme candidata a su desaparición de acuerdo con la nueva normativa para este tipo de instrumentos (vid. Farinós, 2019). Si ello se llegara a producir, esta carencia se podría llegar a suplir por otras vías que pueden favorecer el intercambio de experiencias e información, así como los citados procesos de emulación. Esto es algo que se viene propiciando desde la Fundación FUNDICOT y los congresos internacionales de OT que regularmente organiza.

8. Este plan se alimenta del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y del instrumento NextGenerationEU, lo que representa una dotación de 1.074,3 y 750 miles de millones de euros respectivamente (https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es).

9. Presentado inicialmente en diciembre de 2019, que va siendo objeto de desarrollo a lo largo de 2020, y que se irá concretando en actuaciones los próximos años (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es).

10. Una agenda que se lanza con seis acciones piloto (https://territorialagenda.eu/home.html).

11. Una agenda urbana derivada del Pacto de Ámsterdam de 2016, con ejes diversos de actuación también coherentes con el impulso al desarrollo sostenible e inclusivo de las ciudades (https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_es).

12. Sirva como ejemplo el caso de los pactos y acuerdos territoriales por el empleo en la Comunitat Valenciana, un caso claro de avance en la territorialización de la política de empleo autonómica, pero que ni alcanza a cubrir todos los territorios de la región ni es una línea de trabajo que tenga gran protagonismo en el conjunto de la política de empleo autonómica. Con todo, en algunos pactos territoriales muy dinámicos, en los que se ha establecido una cooperación e interacción bastante amplia entre actores públicos y agentes económicos y sociales y de la sociedad civil, los aspectos relativos a la planificación territorial del espacio físico se han ido incorporando en la agenda de los proyectos colectivos (Gallego y Pitxer, 2019).

13. Unas experiencias que han centrado la atención de los autores del capítulo en más de una ocasión (Farinós, 2016; Gallego y Pitxer, 2015).