Читать книгу Evaluación de procesos: una mirada crítica y propositiva de la situación de la política e instrumentos de Ordenación del Territorio en España - Joaquín Farinós Dasí - Страница 7

Los análisis de los procesos de implementación han solido ser de carácter mucho más descriptivo que prescriptivo. Aunque la investigación sobre la implementación decayó desde finales de la década de los años 1970 (Healy et al., 1982), esta, o al menos algunos de sus conceptos subyacentes, han migrado y han sido objeto de interés de la Ciencia de la Administración y del “nuevo institucionalismo” (Verma, 2002) y la “teoría de la complejidad” (Innes y Booher, 2010).

Decíamos que mejorar la implementación de los planes comporta un proceso de aprendizaje que con frecuencia requiere definir nuevos valores, nuevos esquemas de interpretación y de nuevas prácticas y rutinas; entre ellas las capacidades técnicas, la participación y la evaluación (análisis de la implementación a nivel contextual o social según Alexander et al., 1983). Los nuevos enfoques de gerencia pública consideran claves la evaluación y la rendición de cuentas para mejorar el funcionamiento de las políticas públicas, como la OT, haciendo seguimiento de su implementación y resultados.

De acuerdo con la literatura en la materia, se ha producido un acercamiento entre el análisis de la implementación y el campo de investigación en evaluación (más maduro y bien desarrollado). Algunos investigadores de la evaluación se interesarán en analizar el proceso de implementación, ganando popularidad la “evaluación del proceso” (Wholey 1979). De la evaluación de la implementación se pasaba así a la evaluación de procesos.

Alexander y Faludi (1989) distinguen tres tipos de enfoques en la evaluación en el campo de políticas territoriales: evaluación de la eficacia de la política (para ellos la más convencional); evaluación del éxito en la implementación (del proceso de aplicación), la que aquí nos importa más; y la evaluación del nivel de cumplimiento de lo fijado por el plan o programa (la típica evaluación de impacto territorial en países como Alemania, Austria o Hungría). No consideran sin embargo en esta obra la evaluación de los impactos/efectos territoriales (vid. el capítulo 5 y Garrido, 2020) que tiene su aplicación (la que trata de trata de desarrollar el programa ESPON, vid. Evers, 2011), que, sin duda, aparece perfectamente relacionada con la segunda, pues de ella depende en gran medida, tal y como ya señalaba Alterman (1982).

Muchos de los problemas de la evaluación de impacto resultan de la poca consideración que se ha hecho de la evaluación de la implementación (que no se ha querido relacionar con la de impacto), de las condiciones en que se ha llevado a cabo, y que van a tener influencia sobre los resultados obtenidos. Y viceversa, el éxito o fracaso de los impactos de una intervención puede proporcionar el mayor impulso para las decisiones posteriores en el proceso de implementación. En materia de planificación territorial y urbano estas relaciones son complejas.

La evaluación resulta clave para fundamentar la legitimidad de las acciones del gobierno, no sólo a nivel institucional sino también de sus resultados, permitiendo “al Estado y a los ciudadanos disponer de una mayor información acerca de las consecuencias de sus decisiones y acciones” (Farinós, 2014b: 348). De ahí que la evaluación contribuya también en la transparencia de la gestión y el aumento de la confianza de la ciudadanía ante las decisiones que toman los gobiernos (Grădinaru et al., 2017). Desde esta perspectiva, la evaluación se constituye en una actividad que permite mejorar la gestión del territorio. En este sentido, la evaluación de la ordenación territorial no se limita a valorar solamente las visiones, políticas, objetivos y actividades que se establecieron en la etapa de su formulación; también incluye la evaluación de los procesos y acciones que distintas entidades necesitan para implementar y alcanzar dichos planteamientos, así como “sus capacidades técnicas, tecnológicas y operativas”.