Читать книгу Evaluación de procesos: una mirada crítica y propositiva de la situación de la política e instrumentos de Ordenación del Territorio en España - Joaquín Farinós Dasí - Страница 21

Ahora bien, debemos subrayar que tanto el fortalecimiento de las relaciones entre actores (políticos y técnicos, incluyendo los de las administraciones públicas y los de otras organizaciones y organismos implicados en la OT) como la redefinición de las rutinas de estos actores son factores que acaban potenciando las nuevas narrativas. Así pues, relaciones, rutinas y narrativas conforman un paquete indisociable que obedece a una dinámica conjunta, una dinámica que resulta particular de cada comunidad autónoma.

Efectivamente, el estímulo a la deliberación entre actores, el aprendizaje inherente al proceso y la reconfiguración de la visión del territorio que resulta, a la que acabamos de referirnos, denota el efecto de retroalimentación que ejerce el cambio progresivo en las rutinas sobre la propia concepción y visión del territorio y, por consiguiente, sobre la narrativa y valores predominantes sobre el mismo. Además, el hecho de que las fuentes más consultadas cuando no existe información oficial disponible sean los departamentos sectoriales de las CCAA (vid. el capítulo 3) confirma lo que venimos diciendo y sugiere que se están generando auténticas comunidades de práctica entre técnicos de diferentes departamentos de la misma administración, y también de diferentes administraciones públicas. Todo ello estaría dotando de mayor fluidez a estas relaciones. Un proceso en el que se ha avanzado de forma más clara en unas regiones que en otras. Vamos a profundizar en esta cuestión con la ayuda de los resultados del cuestionario.

En un cierto número de regiones, como ya se apuntaba más arriba, el principal recurso cuando no hay suficiente información oficial son los departamentos sectoriales de las CCAA. De hecho, esta es la opción destacada por Andalucía, Aragón, Asturias, Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco. Además, estas mismas regiones también se apoyan en las corporaciones locales para tratar de colmar sus limitaciones informativas, y lo hacen siguiendo lo que parecen ser dos pautas de conducta diferenciadas. De un lado, nos encontramos con un conjunto de regiones que se apoya en los ayuntamientos. Se trata de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunitat Valenciana y Región de Murcia. Por otro lado, existen otras que también se respaldan en las diputaciones (Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y País Vasco) o en los Cabildos (Canarias). Cabe subrayar la influencia de la organización histórica de las CCAA en la propia naturaleza de las comunidades de práctica. Destaca la importancia de las diputaciones forales en el País Vasco y de las comarcas y otras instituciones supramunicipales en Aragón y Cataluña.

A lo anterior cabe añadir que, si bien en menor medida que con otros actores públicos, existe un gran número de CCAA que para cubrir sus lagunas informativas afirman recurrir a grupos de la sociedad civil, grupos económicos, centros y organismos de investigación y otro tipo de grupos. Se trata de Andalucía, Aragón, Asturias, Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura y Región de Murcia. Resulta llamativo que la Comunitat Valenciana y el País Vasco no se encuentren en este grupo de regiones, pese a que también afirman padecer problemas de falta de información oficial. Esto permite plantear la hipótesis de la existencia de comunidades de práctica hasta cierto punto diferentes en ambos grupos de regiones. El comportamiento del primer grupo sugiere que comienzan a desarrollarse mecanismos formales de apoyo entre los actores responsables técnicos y políticos de la OT y los actores técnicos y políticos de estos otros grupos de apoyo. Se trataría de la conformación de comunidades de práctica cada vez más complejas y a la altura de la nueva narrativa transformadora a nivel de las administraciones públicas. En el segundo grupo (la Comunitat Valenciana y el País Vasco), y si descartamos que a estos resultados pueda subyacer un menor desarrollo de las referidas comunidades de práctica por el nivel de desarrollo de estas regiones, lo que parecen sugerir los resultados es que estos dos territorios siguen un proceso diferente, mucho más definido en el País Vasco que en el caso de la Comunitat Valenciana. En efecto, al menos en el caso del País Vasco podría traslucir la existencia una realidad con una fuerte integración socio-económico-cultural en la que el recurso a estas otras fuentes de información podría transitar por mecanismos más informales y naturalizados. Por su parte, la Comunitat Valenciana podría ocupar una posición intermedia a este respecto.

Con todo, el aspecto más importante es tratar de aportar evidencia adicional en favor de la hipótesis de la progresiva conformación de comunidades de práctica y de nuevas prácticas relacionales en materia de OT entre instituciones públicas. Esto puede hacerse analizando la pregunta 7 del cuestionario relativa a qué grupos se incluyen en los procesos de participación y/o deliberación y/o negociación, así como en qué fases del proceso de planificación se concreta dicha participación. Pues bien, existe un importante número de CCAA que se apoyan en sus departamentos sectoriales, tanto en la fase de implementación como en la fase de seguimiento-evaluación. Se trata de Andalucía, Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, mientras que en Cantabria el recurso es más limitado, en tanto que únicamente se apoyarían en estos departamentos en la fase de implementación. Pero lo que constituye un resultado especialmente interesante es que, con las únicas excepciones de Balears y de Cantabria, existe una total coincidencia entre el conjunto de regiones en que participan los departamentos sectoriales de las CCAA en la implementación y seguimiento-evaluación de los planes de OT y el grupo definido por aquellas en las que también participan los ayuntamientos, igualmente en ambas fases. En el caso de Canarias con matices, puesto que se debería sustituir a los ayuntamientos por los cabildos insulares en la etapa de seguimiento-evaluación, mientras que en la fase de implementación los cabildos vendrían a reforzar la propia participación de los ayuntamientos canarios. Esto respalda nuestra hipótesis de que en muchas de las CCAA españolas se está conformando en los últimos años una importante dinámica de cooperación dentro y entre las administraciones autonómicas y locales que abrazan el ámbito de la OT. Esta cooperación propicia y se apoya en el desarrollo de comunidades de práctica y de comunidades políticas cada vez más densas y complejas.