Читать книгу Justicia digital, mercado y resolución de litigios de consumo - Fernando Esteban de la Rosa - Страница 26

En 2017 se publicaron dos estudios, ambos relacionados con los asuntos de consumo y la protección del consumidor, con el objetivo de presentar propuestas de medidas para mejorar el marco jurídico europeo en esta materia y para aumentar la eficacia de los procedimientos:

i) “An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of judgments and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of consumers under EU consumer law: Strand 1 – Mutual Trust and Free Circulation of Judgments”;

ii) “Strand 2 – Procedural Protection of Consumers”14.

En el primer informe se examinó la forma en que la legislación y las prácticas procesales nacionales han contribuido a la libre circulación y al reconocimiento de las decisiones, así como a la eficacia de la protección de los consumidores, incluido el acceso a la justicia, en virtud de la legislación de la Unión Europea en materia de consumo. En particular, se examinaron las repercusiones del título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, del proceso monitorio europeo y del procedimiento europeo de escasa cuantía.

Algunas de las observaciones formuladas son positivas, pero hay algunos aspectos que deben mejorarse y que no pueden ser controlados por los Estados, porque dependen del comportamiento y la voluntad de quien los utilizan (ya sean ciudadanos o profesionales del derecho). Por consiguiente, se debe motivar a los posibles usuarios de este procedimiento para que lo utilicen, adoptándose las medidas necesarias para que este proceso sea más atractivo.

Estas fueron algunas de las conclusiones:

i) Es cierto que los procedimientos europeos usualmente funcionan mejor dentro de los sistemas jurídicos nacionales, a pesar de las diferencias en su aplicación. Sin embargo, la práctica es que no se utilizan todos los instrumentos y los profesionales no están particularmente familiarizados con ellos, en particular en el caso del procedimiento monitorio europeo y de los procesos de escasa cuantía.

ii) En varios Estados miembros, los instrumentos no se han adaptado a la legislación nacional, lo que deja incertidumbres en la práctica jurídica.

iii) El procedimiento de revisión, tal como existe en virtud de los instrumentos, debería armonizarse y posiblemente replantearse.

iv) Es esencial un sistema de documentos transfronterizos que funcione bien y sea eficiente para aplicar los instrumentos.

El mayor obstáculo para el uso de estos procedimientos es la falta de dominio y conocimiento de los mismos en comparación con los instrumentos internos. Y también las especificidades lingüísticas y técnicas de la terminología jurídica en los distintos idiomas15.

Se ha concluido ya en los estudios de casos lo siguiente:

“According to the ECC-NL, the most common difficulties that consumers experience in using the ESCP are related to (1) the need for translation, which often results in an increase in costs; 43 (2) the means of determining the interest rate for the amount for which they claim reimbursement and/or payment; (3) the competent court according to the Brussels I Regulation (Regulation (EC) No. 44/2001) [currently Regulation 1215/2012]; and (4) enforcement problems. In the event that the losing party refuses to comply with the court decision, enforcement needs to be carried out by an enforcement officer or bailiff. This adds to the costs incurred for obtaining judgment and may even exceed the amount awarded. The status of enforcement costs and their recovery is not clear within the ESCP Regulation, and questions arise as to how to have these reimbursed”16.

Además, el exequátur ha sido abolido por el Reglamento Bruselas I bis, lo que reduce el interés que pueden tener las demandas de menor cuantía en proporcionar una decisión certificada que sea ejecutable en toda la zona europea.

Y cuando los propios ciudadanos, sin el apoyo de los profesionales forenses, quieren utilizar estos procedimientos, los obstáculos se incrementan aún más. Si no tienen conocimiento de ello, son obligados a utilizar la información disponible en el portal electrónico europeo o en los sitios web de las instituciones nacionales. Pero estos sitios web no son fáciles de usar ni intuitivos, tienen demasiada información y no siempre están bien organizados. De esta manera el ciudadano abandona rápidamente este tipo de procedimiento y el profesional prefiere utilizar un proceso nacional que le resulte más sencillo y que domine.