Читать книгу Justicia digital, mercado y resolución de litigios de consumo - Fernando Esteban de la Rosa - Страница 39

La necesidad de digitalizar la justicia en Inglaterra a fin de incrementar el acceso a la justicia de los ciudadanos ingleses se hizo más urgente con la caída precipitada del presupuesto público empleado para la asistencia legal10, lo que ocasionó un incremento de los supuestos en los que la ley contempla la posibilidad de que al menos una de las partes no disponga de asistencia legal. En este punto debemos aclarar que, en Inglaterra, y en general en los países de tradición del common law, los litigantes no tienen la obligación de acudir a los juzgados y tribunales con representación legal11. Ello no significa que la vía jurisdiccional sea más accesible que en los países de tradición jurídica civil. Más bien al contrario, pues los juzgados ingleses, a excepción del proceso de escasa cuantía (small claims) cuyo límite actual se encuentra en las £10,000, son por lo general más técnicos y formales que los procesos judiciales de la Europa continental. Por ello se hace más urgente la necesidad de digitalizar la justicia a través de procesos y plataformas en línea que presten apoyo a los litigantes sin asistencia legal.

Esta situación ha dado lugar a una mayor insatisfacción de la ciudadanía con los tribunales de justicia, y a una mayor frustración por parte de los jueces, los cuales se enfrentan al reto de tener que informar a los litigantes legos a fin de que éstos puedan sortear los tecnicismos del proceso, pero sin poder darles consejos legales sobre el fondo de la cuestión. Esta nueva realidad ha incrementado el tiempo y el coste empleado en las resoluciones judiciales. En efecto, la presencia de litigantes legos ha llegado a doblar el tiempo que los jueces se ven obligados a emplear en cada caso12.

En este contexto el Civil Justice Council –entidad pública e independiente que emite informes con recomendaciones para la reforma del derecho procesal civil– publicó en el año 2015 un informe en el que se exponían ejemplos de experiencias ODR de éxito y en el que se recomendaba la creación de un juzgado online para la tramitación de reclamaciones civiles inferiores a £25.00013. Dicho informe fue redactado por una junta asesora de quince miembros, de los cuales el autor de estas líneas fue uno de sus miembros, dirigida por el profesor Susskind. El informe fue apoyado y desarrollado al año siguiente en otro estudio llevado a cabo por el magistrado Lord Briggs (actualmente miembro del Tribunal Supremo del Reino Unido) a petición del Poder Judicial con el objetivo de evaluar el funcionamiento de los juzgados civiles y hacer recomendaciones para mejorarlos14.

Este informe concluyó que Inglaterra dispone de juzgados que funcionan bien para la resolución de litigios de alta cuantía. En cambio, los procesos para cuantías inferiores a £25,000 no resultaban efectivos, pues el alto coste de la representación legal frecuentemente no es proporcional con respecto a la cuantía del litigio. Para mejorar el estado de los tribunales, Lord Briggs propuso, como recomendación principal, la creación de un juzgado online (Online Solutions Court) para dirimir las demandas civiles inferiores a las £25.000. El gobierno aceptó las recomendaciones de Lord Briggs y llevó a cabo una consulta pública seguida, como ya hemos mencionado, de una inversión substancial para llevar a cabo una reforma sin precedentes con el fin de actualizar y modernizar los juzgados ingleses15. Apenas un año después, en 2018, empezó a operar el primer proyecto piloto del Juzgado Online bajo el nombre oficial de Online Civil Money Claim. El inicio del proceso es similar al existente proceso monitorio online (Money Claim Online)16 pero a diferencia del anterior, el proceso continúa online aunque el demandado haya presentado su oposición. En la fecha en que se escriben estas líneas este proceso se tramita exclusivamente en línea y se mantiene en la fase piloto. Por ahora solo se admiten reclamaciones de hasta £10.000 de cuantía máxima17.

La normativa procesal inglesa no exige una identificación ante los juzgados y tribunales. A partir de un registro a través de un email y de una contraseña es suficiente para incoar el proceso judicial. La posible suplantación de identidad queda disuadida por la necesidad de pagar una tasa para dar entrada a la demanda y con el requisito de identificación para la ejecución de la sentencia18.

Las tasas que exige la plataforma británica comienzan en £25 para reclamaciones de hasta £300 y llegan hasta un máximo de £410 si la reclamación se encuentra entre £5.000,01 y £10.00019. En la propia plataforma se indica la comparación con la tasa del mismo tipo de reclamación en papel o por medio de la modalidad física, siendo entre £10 y £45 menos costosa la vía telemática. Esta tasa es solo para el inicio del proceso, requiriendo una tasa extra para que tenga lugar el juicio oral. Dicha tasa la paga también el demandante y varía entre £25 para demandas inferiores a £300 y £335 para demandas superiores a £3.000.

Las fases procesales del Juzgado Online propuesto por Lord Briggs siguen las recomendaciones del Civil Justice Council. Sin embargo, el modelo que se está implementando no es un Juzgado Online per se, sino más bien un proceso judicial online cuya fase inicial está centralizada pero el proceso se lleva a cabo con el apoyo de los juzgados de condado (county courts). Al igual que ocurre con los procesos ante entidades de resolución alternativa de litigios de consumo, ante otros tribunales ingleses y especialmente en los procesos de escasa cuantía, una característica fundamental del Juzgado Online es que su diseño responde a las necesidades de los de los litigantes legos (sin asistencia legal) y el enfoque seguido se aleja de la caracterización contenciosa o adversarial a favor de la búsqueda de caminos de solución menos formales mediante el empleo de las comunicaciones en línea. A tal fin, el Juzgado Online ha supuesto un cambio importante al transferir la mayor parte de la función de gestión de casos que suele corresponder a abogados y jueces al software de autoayuda de la plataforma ODR y a los funcionarios judiciales capacitados legalmente para apoyar a los litigantes legos. El procedimiento online está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (Civil Procedure Rules)20 y tiene tres fases procesales: