Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 55

Notaremos algunas diferencias entre ambas publicaciones. En la versión anterior de las desigualdades, la de 1997, se profundizaba y discutía más sobre las variables sociales, había más denuncia explícita sobre el sistema social. Por ejemplo, señalaban que la discriminación de minorías étnicas en el acceso a la atención de la salud no solo limita los resultados de salud, sino también a una amplia gama de posibilidades de vida y oportunidades. Llama a incorporar las medidas sutiles de la clase social para ver cómo se produce la estratificación social.

IARC sostiene que para formular y llevar a cabo las actividades de control de tabaco eficaz es esencial para evaluar la relativa incidencia de cánceres relacionados con el tabaco en diferentes estratos sociales y la prevalencia de su consumo en los distintos estratos. Dice que es probable que las diferencias de clase en cáncer de pulmón en su mayoría se relacionen con la distribución desigual de tabaco entre las clases sociales, pero queda pendiente ver el rol de exposiciones colaterales, tales como ocupaciones peligrosas, una dieta deficiente y acceso limitado a servicios de salud (Stellman y Resnicow, 1997). Con respecto a la alimentación, el documento de 1997 notaba que al menos una parte de la explicación para el mayor riesgo de cáncer entre poblaciones pobres se relacionaba con la degradación de los alimentos a los que podían acceder.

En la primera publicación hablan de los cánceres relacionados con la salud sexual y reproductiva de la mujer, notando las marcadas diferencias socioeconómicas en lograr la paridad, la edad del primer parto, la infertilidad definitiva, la duración de la lactancia materna y la edad de la menopausia. Mostraban que, en general, las mujeres de nivel socioeconómico más alto tenían hijos más tarde y una mayor prevalencia de infertilidad, menor duración de la lactancia materna y edad más tardía de la menopausia. Concluían que los diferenciales socioeconómicos observados en la mayoría de los aspectos del comportamiento reproductivo podrían explicar potencialmente algunas de las variaciones socioeconómicas en el riesgo de cánceres reproductivos femeninos. Sin embargo, esta relación podría no ser evaluada directamente porque “ese análisis requeriría datos específicos de la cohorte de nacimiento en variaciones socioeconómicas en la conducta reproductiva y en los riesgos de cáncer” (dos Santos Silva y Beral, 1997: 293), datos que no estaban disponibles.

Un punto particularmente novedoso en la epidemiología del cáncer era la inclusión del desempleo y la denuncia social que en el libro se hacía: “Con una décima parte de la fuerza de trabajo involuntariamente sin trabajo, el desempleo se ha convertido en un elemento importante entre los determinantes socioeconómicos de la salud en los países ricos. Los desempleados tienen una mortalidad de cáncer de cerca de 25% comparado con el de todos los hombres en la fuerza de trabajo. Los datos disponibles de varios países indican que este exceso de riesgo se encuentra en períodos cuando la tasa de desempleo es cerca de 1% y en los períodos cuando es cerca de 10%. Además, persiste mucho tiempo después del comienzo del paro y no desaparece aunque se controlen otras variables, como clase social, el fumar, la ingesta de alcohol y los días de enfermedad previos (Lynge, 1997: 351). Básicamente lo asociaban al cáncer de pulmón.

Finalmente, el punto que consideramos más importante de ausencia es la explícita denuncia que se realizó desde el documento de la IARC de 1997 sobre los dobles estándares existentes en salud pública global con respecto a ignorar el papel de poderosos actores como las corporaciones internacionales que incrementan los riesgos laborales en los países en desarrollo con la transferencia de industrias peligrosas, que son prohibidas en sus países por los riesgos que implican para la salud de sus poblaciones y del medio ambiente, a países pobres en los que sin una legislación adecuada de protección de los trabajadores y del medio ambiente les permiten funcionar, algo que señalan se ve también con la industria farmacéutica. Dicen explícitamente:

Se observa en el uso de ciertos productos químicos peligrosos: pesticidas que se prohibieron o de uso restringido en Estados Unidos (como clordano, mirex, dicofol ziram y dibromocloropropano) estaban siendo enviados en 1990 a los países en desarrollo y en particular en América Latina y África. (Tomatis, 1997: 31)

Una proporción significativa de la contaminación ambiental que se produce en los países en desarrollo es debida a la explotación de los recursos por las multinacionales. También en 1997 la IARC señalaba que los países industrializados pretenden imponer sus nuevas normas ambientales a los países pobres, que pueden ver esta imposición como continuación de la política de dominación colonial ya que no pueden pagar tales normas técnica y económicamente sin ayuda sustancial. Terminan manifestando que la pretensión de los países ricos es que, cuando es conveniente, se aplica la misma ley para los ricos y los pobres.