Читать книгу Urbanismo para una nueva ciudad - José María Ramírez Sánchez - Страница 16

Este nuevo concepto se ha incorporado a la cultura urbana, aunque no solo por su contribución al desarrollo sostenible115. La primera formulación el concepto de smart city la encontramos como una de las siete iniciativas de la “Europa 2020. Una estrategia para una ciudad inteligente, sostenible e inclusiva”116. A juicio de sus promotores se logra, mediante la gestión inteligente de la información que permite una toma de decisiones más inmediata, una mejora de la eficacia operativa de las infraestructuras urbanas y de distintos aspectos de la ciudad, tales como: el ahorro y la eficiencia energética, la mejora en la gestión de la movilidad y el aparcamiento urbano, la seguridad, la salud, el reciclaje, la información al ciudadano, etcétera. Cualquier ciudad obtiene un muy elevado nivel de información, que debe gestionar y procesar para que le permita una mejor toma de decisiones. Esto la hará más competitiva y dinámica para responder a los nuevos retos que debe afrontar cada día. Esta realidad se hace si cabe más necesaria en situaciones como las vividas desde marzo de 2020. El control de una situación sanitaria de pandemia como la vivida se puede hacer de forma más eficiente en una ciudad inteligente, en el que se puede gestionar –en un más que interesante debate sobre la privacidad y la protección de datos de carácter personal– la movilidad y contactos personales, la gestión sanitaria y atención primaria mediante la teleasistencia, y favorecer mediante potentes redes (5G) de comunicación la digitalización del trabajo, educción, ocio, etc. Esa necesidad había llevado en España a la creación de una Red Española de Ciudades Inteligentes y la aprobación de un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, aunque más relacionado con la industria y el crecimiento del sector tecnológico que con el modelo urbano que a mi juicio debería ser ahora prioritario.

La idea, pese a haber sido repetida en distintas publicaciones117, foros, jornadas y encuentros, no parece que termine de interiorizarse por la práctica urbanística. La velocidad y contundencia del impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación en la vida urbana superan la escasa capacidad adaptativa del urbanismo, siempre muy por detrás de la realidad social y sobre todo tecnológica. De hecho, si pensamos en los nuevos modelos de movilidad urbana que utilizan la geolocalización (Uber o Cabify) o se basan en economía colaborativa; en las nuevas formas de tele trabajo y espacios colaborativos de producción (coworking); en las nuevas plataformas de alquiler vacacional (Airbnb); en los nuevos modos de mensajería (Globo); en las comercializadoras energéticas municipales y el consumo exclusivo de energías generadas por fuentes renovables en algunos ayuntamientos (Barcelona Energía); en los nuevos modos de construcción modular e industrializada mediante sobre edificación de lo edificado –derecho de sobre edificación–… nos percataremos de que el derecho y la práctica urbanística, lejos de prever y anticiparse a estos nuevos modos de utilizar a ciudad, los contemplan con perplejidad, y muchas veces con prevención.

Lo preponderante, o al menos por lo que se la identifica118 la ciudad inteligente, es por la integración de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Esto posibilita sistemas inteligentes y mucho más eficientes de transporte que permiten un cambio en la movilidad y el mejor acceso al servicio de los medios públicos de transporte colectivo; o el despliegue en la ciudad de vehículos eléctricos propios o de alquiler (Madrid Emov o Zity). Pero también, como ya estamos comprobando en nuestras ciudades, la modificación de la matriz energética en favor de las energías renovables; la utilización inteligente de la energía mediante redes de frío y calor –DHC–; la mejora de la seguridad, conectividad y uso relacional del espacio público urbano, etcétera119.

La pregunta que debemos hacernos es sí esos cambios tecnológicos están conllevando transformaciones sociales que mejoren la calidad de vida en las ciudades y cómo se deberán contemplar por el urbanismo del futuro. La configuración jurídica de las ciudades inteligentes parece todavía lejos de tener una concreción. Esto se debe a la complejidad que supone integrar normativas sectoriales muy diversas, ahora reguladas de forma dispersa en multitud de norma de rangos diversos y de carácter muy técnico. Por otra parte, nos encontramos con que no parece que las Normas UNE publicadas en materia de ciudad inteligente, pese a que una de ellas recoja los indicadores de sostenibilidad urbana, podamos considerarlas un inicio de esa integración normativa. Más bien parece que, compartiendo la opinión de M. R. ALONSO IBÁÑEZ (2015:49), se están utilizando la tecnología y la información para afrontar problemas de gestión muy relacionados con los objetivos de la sostenibilidad. Pero existen pocas certezas con respecto a cómo esas tecnologías y la gestión de la información nos pueden ayudar a lograr los objetivos de sostenibilidad a los que debe aspirar la ciudad; también respecto a cómo plasmar ello en la planificación urbanística; o a cómo hacer más efectivos los derechos de los ciudadanos (acceder a la información o ejercer la participación) previstos en el art. 5 del TRLSyRU. La Smart cities como fórmula de innovación social abren una serie de cuestiones muy importantes para el futuro, a las que se refiere M. R. ALONSO IBÁÑEZ (2018) y para las que resulta muy interesante la lectura de J. RIFKIN (2019). La regulación desde el derecho público en el ámbito de la ordenación territorial y urbanístico, y en otras disciplinas, de la cuidad digital e inteligente, va a ser uno de los retos más importantes que debe afrontar, no solo el urbanismo, sino el mismo sistema democrático y representativo en las próximas décadas y más tras las necesarias del modelo económico y de relaciones sociales post pandemia. La Tercera Revolución Industrial se basa en una potente infraestructura digital de las energías renovables, alimentación, movilidad, y una plataforma de internet de las cosas (IoT, por sus siglas en ingles) y un internet de la comunicación (big data). Millones de sensores adheridos a todos los aparatos de nuestra vida cotidiana que conectan “todo” y a” todos” los seres humanos a través de una potente tecnología 5G. La revolución económica y social que ello puede conllevar, en 2030, es hoy casi inimaginable. Pero quién instala toda esa infraestructura digital y quién gestiona, administra y controla toda esa inmensa información de los ciudadanos es la pregunta clave. Se avecina un cambio del poder político nacional, regional y local, donde quizás el nivel local sea la estructura más adaptable pero también la más débil para poder afrontar una regulación que no suponga la desaparición de la ciudad como espacio de convivencia, oportunidades e integración social que hasta hoy hemos conocido.